Hacer trámites en Argentina sigue siendo una pesadilla

Un ciudadano de América Latina hace cerca de cinco trámites al año y cumplen una función básica: conectar a las personas y a las empresas con el Estado. Sin embargo, esto que debería ser algo simple sigue siendo una pesadilla.

La “Jaula de Hierro” es la traducción que Talcott Parsons hizo a un clásico concepto acuñado por Max
Weber para definir a las burocracias modernas. La metáfora no sólo hace alusión al grado de
ensimismamiento que suelen desarrollar las oficinas públicas imbuidas de su propia lógica. Sino
también, al grado de asfixia al que a veces someten a una sociedad desvalida y presa de insólitos
procedimientos, interminables plazos en el delivery de servicios, y por sobre todo, un constante
maltrato y falta de empatía. Ese es precisamente el sentido del trabajo de Charosky, Vásquez y Dassen
en una nota técnica del BID publicada en 2014 llamada “La queja como energía positiva”. En este
trabajo, los autores rescatan experiencias ciudadanas haciendo trámites en América Latina.

Allí en donde existe un “gestor” es donde el Estado falla.
Corre el Año 2011 en Bolivia, Domitila Murillo, una señora de 70 años, necesita renovar su cédula de
identidad, y para ello, tiene que desplazarse entre distintas ciudades para reunir todos los papeles que
le pide el Estado: recorrido total 900 km. Cada trámite significa largas filas, horas de espera y nuevos
requisitos: “falta un sello”, “vuelva mañana”. Finalmente, después de casi 11 meses de trámites su
desesperación es tal que accede a pagar un soborno al policía que se lo solicita a cambio de agilizar las
gestiones. Esto que podría ser un guión de una serie de Netflix para la región, es una triste realidad de
un caso verídico. La pobre Domitila murió dos semanas después de recibir su cédula. Parece una parodia
sacada de “El Infierno de Dante”, pero no lo es. Esto fue documentado en dicha experiencia de
investigación a la que llamaron “El peor trámite de mi vida”.
En Argentina la “tramitología” es una carrera de obstáculos plagada de avances y retrocesos. ¿Se
acuerdan de las colas interminables en la sede de la Policía Federal para sacar el pasaporte? parece
mentira que hoy podamos renovarlo de forma express en el mismo aeropuerto. Sin embargo, hay cosas
que aún hoy siguen siendo inexplicables. ¿Ustedes saben que para ser contratado por el Estado
argentino al aspirante se le exige el certificado de antecedentes penales? Hasta ahí nada raro, solo que
es información del propio ciudadano en posesión del Estado, pedida por el mismo Estado, y por la cual
no sólo se usa al ciudadano de “cadete externo de la administración”, sino que además se le cobra para
su provisión. Sí, leyeron bien: El Estado argentino te pide información que ya tiene, y para dártela te
cobra. Eso sí, ahora en pandemia se puede hacer por Internet y con tarjeta de crédito.

Según la publicación del BID el “Fin del trámite eterno” (Roseth et al. 2018) se calcula que un
ciudadano promedio de América Latina hace cerca de cinco trámites al año y cumplen una función
básica: conectar a las personas y a las empresas con el Estado. En un mundo ideal, serían intuitivos,
rápidos, transparentes, y por supuesto, salvo excepciones como trámites express, deberían ser
gratuitos.

Los trámites ágiles impactan positivamente en el clima de negocios, en la percepción ciudadana
del gobierno, y en el acceso a servicios y programas públicos de primera necesidad. Con los
trámites eficientes, todos ganan. La reforma que debiera hacerse de forma urgente, tiene que ver con
la simplificación y la digitalización de los trámites en los tres niveles de gobierno.

Cada año, el Banco Mundial, publica el ranking Doing Business que mide la facilidad para hacer negocios
en un país. Cuanto mayor es el índice de un país, más propicias son las reglamentaciones para la
actividad empresarial. El índice se obtiene a partir de diez indicadores que miden la facilidad o
complejidad para hacer negocios y trámites.

Argentina se encuentra en el lugar Nº 126 de este ranking, Uruguay y Chile en el puesto Nº 101 y Nº 59
respectivamente. Distinto es el caso de Nueva Zelanda, el cual lidera el ranking (puesto Nº 1) y países
como Estonia, Finlandia, Alemania y Canadá, rondan los puestos entre el Nº 18 y el Nº 23.
Los casos de México, Chile y Uruguay son destacables, porque los tres han tenido a lo largo de los
últimos años mejoras en su posición con gobiernos de distintos signos políticos. Esto se debe a que han
desarrollado estrategias, capacidades y modelos de gobernanza que les permitieron llevar adelante las
reformas necesarias para agilizar los trámites, ya que aquellas economías que obtienen buenos puntajes
en el Doing Business, luego tienden a beneficiarse con mayores niveles de actividad empresarial y
menores niveles de corrupción. Es decir, la “competitividad” y la capacidad de un Estado impacta de
manera directa en el desarrollo de un país.

Simplificación, digitalización e inclusión social

Los trámites deben ser ágiles y gratuitos. Los costos afectan a las personas de menores recursos. Sin
embargo, en Argentina hasta hace no muy poco, la página de la AFIP requería que tengas instalado el
navegador Internet Explorer versión 6.0 o una versión posterior, pareciera que la “experiencia del
usuario” es una ciencia oculta para algunos funcionarios.
En resumen, implementar una reforma de simplificación y digitalización de trámites no es fácil. Como
bien explican Roseth, Reyes y Santiso, existen varios factores que lo dificultan: A) La burocracia, B) La no
coordinación entre los diferentes ámbitos gubernamentales, C) Una gestión lejos del ciudadano, D) Las
regulaciones normativas, y, E) Las dificultades técnicas. A todo esto se le suma los importantes costos
financieros que se necesitan para digitalizar y simplificar los trámites, y como si faltara algo, en la
administración pública cuando se da la puesta en marcha de proyectos interinstitucionales es probable
que las diferentes áreas se nieguen a dedicar sus fondos a proyectos con múltiples beneficiarios.

Por todo esto, pensar en tramites ágiles, no depende únicamente de que se tenga la decisión política.
Se requiere generar un cambio de paradigma que oriente el Estado al servicio del ciudadano y del
desarrollo, fomentando la cooperación interinstitucional e interpartidaria a fin de construir consensos
anticíclicos. Sin ello, no se podrá hacer frente a la inercia y la cultura imperante que lleva a la
fragmentación institucional. El camino a recorrer para las gestiones que deseen ser exitosas es
establecer un modelo de gobernanza que facilite la puesta en marcha de un Estado inteligente.

 

 

Leer versión publicada en NOTA DE OPINIÓN DEL DIARIO CLARIN

Mayo 2021

Escuchar nota realizada sobre el tema en: RADIO ECOMEDIOS1220 –  La Picadita del Sábado