La inteligencia artificial (IA) está en boca de todos. Desde asistentes virtuales hasta diagnósticos médicos, pasando por predicciones climáticas, esta tecnología avanza rápido y plantea preguntas que trascienden lo técnico: ¿Cómo afecta nuestras decisiones? ¿Quién controla sus efectos? Y, sobre todo, ¿qué puede hacer por el Estado y por la ciudadanía?
En un contexto regional atravesado por la desconfianza institucional, desigualdades persistentes y capacidades estatales frágiles, no se trata de adoptar soluciones mágicas ni de importar modelos foráneos sin adaptación. El desafío es más complejo: pensar cómo puede la IA mejorar la forma en que el Estado escucha, entiende y responde a los problemas públicos.
Su funcionamiento depende de algo más que un algoritmo: detrás hay decisiones sobre cómo estructurar la información, cómo interpretar la demanda ciudadana y cómo conectar esa interacción con respuestas efectivas. Los chatbots funcionan porque hay una estrategia que combina datos, procesos y equipos, no porque sea un experimento simpático de tecnología aplicada.
Para que la IA funcione, el Estado necesita una infraestructura de datos sólida, que implica contar con registros confiables, interoperabilidad entre sistemas, resguardo de la privacidad y criterios claros sobre cómo se usan los datos. Sin estos elementos, cualquier intento de aplicar IA en la gestión pública corre el riesgo de amplificar errores o profundizar desigualdades. La gobernanza digital no es solo una cuestión técnica, sino también ética y política: se trata de garantizar que los beneficios de la tecnología estén distribuidos con equidad, que los algoritmos sean auditables y que las decisiones automatizadas puedan ser revisadas.
La pregunta de fondo no es si los gobiernos deben incorporar IA, sino cómo tienen que hacerlo. Qué problemas buscan resolver, de qué modo la diseñan, qué efectos sociales anticipan, cómo evalúan su impacto y el modo en que garantizan que no se convierta en una caja negra inaccesible para la ciudadanía. Incorporar IA en la administración pública no es un asunto exclusivamente técnico: es una decisión política, que requiere visión estratégica y reglas claras.
La región tiene experiencia en grandes reformas institucionales y en procesos de innovación pública, pero muchas veces falta coordinación, planificación de largo plazo y capacidad de sostener políticas más allá de los cambios de gobierno. Para que la IA funcione en el sector público, hace falta también una apuesta por fortalecer al Estado con formación, con incentivos adecuados, con marcos regulatorios actualizados y con espacios para experimentar y aprender sin penalizaciones inmediatas.
La IA no es una moda ni una panacea, es una herramienta potente, pero incompleta si no se la orienta desde el interés público. Su impacto dependerá de la calidad de las decisiones que se tomen en su implementación y de si se la usa para resolver problemas reales o para simular modernización. América Latina puede aprovechar esta ventana tecnológica para dar un salto en la calidad del Estado, pero eso exige algo más difícil que comprar software: pensar, diseñar, regular y formar. La oportunidad está, pero no viene dada. Hay que construirla.
Fuente: El Auditor.info 18 de Julio 2025
Es Lic. en Ciencia Política de la UBA y Mg.en Administración y Políticas Públicas de la Universidad de San Andrés (UdeSA), realizó estudios de posgrado en la Universidad de Delaware (Beca Fulbright) y en la Universidad de Georgetown, ambas en EEUU. Es Profesor e Investigador en varias universidades de Argentina y de América Latina.