El ciclo político de los últimos años oscila en América Latina en una narrativa polarizada en donde las posiciones parecen reducirse a simplemente dos: por un lado, el “Estado productor” y, por el otro, el “Estado regulador”. Sin embargo, existe una tercera vía posible: el Estado como generador del valor público.
Habitualmente, el Estado es considerado como necesario pero improductivo, como un regulador y gastador, y no se lo suele pensar como un creador de valor. Sin embargo, el Estado encuentra su razón de ser en satisfacer las necesidades de la ciudadanía y generar valor público. Esa oferta de bienes y servicios públicos no necesariamente genera valor per se, sino que ese valor se produce cuando la ciudadanía reconoce que los bienes y servicios son de calidad y se convierte en socio del desarrollo.
Vivimos en una sociedad de la información donde nuestra comunicación, actividades sociales, culturales y económicas están mediadas por las tecnologías, por lo cual se vuelve indispensable profundizar estas experiencias en el ámbito público para alcanzar un desarrollo sostenible y una mejora de la calidad de nuestras vidas. Si miramos los rankings mundiales de competitividad, vemos sin sorpresa que los países con mayores niveles de digitalización suelen ser los más competitivos del mundo y eso debe servirnos como guía para avanzar en la incorporación de tecnologías a la gestión pública para eficientizar los procesos de cada uno de los eslabones de las cadenas de valor público, tanto en el ámbito público como en el privado. De esta manera, se logra un alto grado de flexibilidad y agilidad, lo que da a los países una ventaja competitiva al proporcionar servicios más eficientes y transparentes a la sociedad.
Para construir valor público, se necesitan dos instancias: por un lado, la existencia de una necesidad colectiva y, por otro, un proyecto político dispuesto a sostener una decisión de política pública que determine no solo la situación que desea alcanzarse, sino también cómo lograrla y cuáles serían sus implicancias. La cadena de valor público permite identificar políticas que pueden implementarse para aumentar la participación de los productores en los beneficios generados por la producción de bienes y servicios necesarios para resolver problemas que el mercado no puede resolver por sí solo. El Estado debe ser el promotor del valor público y estimular los determinantes que hacen a la competitividad para que el sector emprendedor y las empresas logren una ventaja competitiva en un ambiente adecuado.
El desafío que tenemos por delante no es fácil, no se logra de un día para otro y no tiene fórmulas mágicas, no es trabajo sólo del gobierno, sino del gobierno y la oposición, tampoco es una empresa de 4 años, sino de varios más. Lo importante es que sabemos por dónde empezar: la cadena de valor público es una herramienta importante para lograr una gestión eficiente de política pública. Para ello, es necesario que la nueva gestión que asuma en diciembre reconozca su nivel estratégico y aumente su apertura, transparencia y eficiencia, de manera que ofrezca beneficios para todas las partes involucradas en la prestación de sus servicios.
—
Maximiliano Campos Ríos (@Maxicamposrios). Especialista en Administración y Políticas Públicas (UBA – Georgetown).
Publicado en Clarin, Septiembre 2023
Es Lic. en Ciencia Política de la UBA y Mg.en Administración y Políticas Públicas de la Universidad de San Andrés (UdeSA), realizó estudios de posgrado en la Universidad de Delaware (Beca Fulbright) y en la Universidad de Georgetown, ambas en EEUU. Es Profesor e Investigador en varias universidades de Argentina y de América Latina.