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Mientras gran parte del debate sobre transformación digital se concentra en la inteligencia artificial o la ciberseguridad, otra infraestructura empieza a definir el margen de decisión de los Estados: la capacidad de acreditar y gestionar la identidad de sus ciudadanos en el mundo digital.

Cada vez que una persona ingresa a un portal estatal, firma un documento de manera remota o accede a un servicio digital ocurre un proceso que suele pasar inadvertido: alguien debe verificar que esa persona es realmente quien dice ser. Durante décadas esa tarea estuvo asociada al documento físico. Hoy depende cada vez más de la infraestructura digital. Allí aparece una discusión que excede a la tecnología: quién administra esa infraestructura y bajo qué reglas.

Esa discusión comenzó a tomar forma en América Latina con el lanzamiento de IdLAC, presentado durante la XIX Reunión Anual de la Red GEALC en Guatemala en octubre de 2025. La iniciativa, impulsada por el BID y desarrollada técnicamente por Uruguay a través de AGESIC, funciona como un broker regional de identidad digital que permite interoperar entre países utilizando los sistemas nacionales de identificación existentes. Argentina, junto con otros países de la región, adhirió con un objetivo concreto: que un ciudadano pueda acreditar su identidad en otro país sin depender de plataformas privadas o intermediarios externos.

La relevancia de estas iniciativas excede la simplificación de trámites. La identidad digital se convirtió en una puerta de acceso a servicios públicos y privados: desde prestaciones estatales hasta operaciones financieras, comercio electrónico o firma digital. Disponer de infraestructura propia no es solamente una decisión tecnológica; también implica conservar capacidad de decisión sobre uno de los activos más sensibles de la economía digital.

El Banco Mundial, a través de su iniciativa Identification for Development (ID4D), señala que millones de personas todavía carecen de una identidad reconocida oficialmente y que los países enfrentan el desafío de construir sistemas seguros, interoperables y respetuosos de la privacidad. Por su parte, en Argentina, el RENAPER consolidó infraestructura propia para la gestión de identidad digital. El Sistema de Identidad Digital permite validar la identidad de una persona en tiempo real mediante los datos del DNI y reconocimiento facial biométrico, mientras que el DNI digital incorporado a Mi Argentina amplió las posibilidades de identificación en distintos trámites.

Sin embargo, la infraestructura por sí sola no alcanza. La identidad digital requiere interoperabilidad, coordinación institucional e inversión sostenida. En relación con ello, el Índice de Gobierno Digital 2023 elaborado por la OCDE y el BID muestra una dificultad regional: solamente el 22 % de los países de América Latina y el Caribe intercambia todas las categorías básicas de datos evaluadas entre organismos públicos, incluyendo identidad, residencia, registro civil, información económica y salud.

El desafío no pasa únicamente por contar con un DNI digital, sino por sostener un ecosistema público capaz de evolucionar con autonomía. En un contexto donde muchas soluciones tecnológicas pueden contratarse rápidamente en el mercado, la discusión sobre qué capacidades deben permanecer bajo control estatal vuelve a ocupar un lugar preponderante. Durante décadas, la soberanía estuvo asociada al territorio, la energía o la defensa. En la economía digital aparece una nueva dimensión: la capacidad de un Estado para reconocer, autenticar y proteger la identidad de sus ciudadanos. La confianza también necesita infraestructura, y los países que no construyan la propia dependen de aquella que otros estén dispuestos a ofrecer.

Fuente: Infobae, Agosto 2026

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La discusión sobre la soberanía ya no se limita al territorio o a los recursos naturales. En una economía cada vez más digital también depende de quién controla la infraestructura tecnológica, dónde se almacenan los datos, cómo se produce la energía que alimenta los centros de datos y qué capacidades tienen los países para desarrollar y gobernar estas tecnologías. La soberanía tecnológica plantea una pregunta concreta: ¿cómo participar de la transformación digital sin depender completamente de decisiones tomadas por otros?

Una discusión mucho más amplia que la tecnología

La soberanía tecnológica no significa fabricar todas las computadoras ni desarrollar cada aplicación dentro de un país. Se trata de construir capacidades para decidir sobre infraestructuras y tecnologías de las que dependen los servicios públicos, la economía, la seguridad o la innovación. Es una discusión que incluye cuestiones tan diversas como semiconductores, centros de datos, computación en la nube, telecomunicaciones, ciberseguridad, gobernanza de datos y energía, entre muchas otras.

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“Argentina se adelanta al futuro”, escribió en sus redes el presidente Javier Milei para presentar en sus redes esta iniciativa tecnológica que posicionaría a Argentina como pionera en la región.

La novedosa herramienta, que se alimenta del procesamiento masivo de datos, permitiría simular escenarios y analizar los impactos de posibles medidas. Si bien ha sido empleada por el sector privado en la industria y la construcción, el Gobierno busca aplicarlo en la elaboración de políticas sociales.

“Es tratar de pasar de un Estado reactivo a uno más bien predictivo, que puede evaluar patrones, detectar trayectorias y anticiparse a diferentes problemas”, menciona Maximiliano Campos Ríos, director de la Maestría de Administración Pública de la Universidad de Buenos Aires, a El Comercio.

Una de las oportunidades que identifica el especialista es la posibilidad de resolver la fragmentación estatal. La información de la ciudadanía, dispersa entre ministerios, agencias y oficinas estatales de salud, trabajo, educación, seguridad y migraciones dialogarían entre sí.

“Un gemelo digital social entrecruzaría todas esas bases de datos para diseñar políticas públicas más efectivas y asertivas”, sostiene.

Sandra Pettovello asumió como ministra de Capital Humano de la Nación Argentina el 10 de diciembre de 2023.
Tras el anuncio aparecieron muchas preguntas que no estaban explicadas en el video promocional. ¿La manipulación masiva de datos pondría en riesgo la privacidad de los argentinos? ¿Podría devenir en una herramienta de control social?

El Rabino Dr. Fishel Szlajen, bioeticista y consultor en políticas públicas, refiere que la privacidad correría riesgo si el Estado cruza datos sensibles sin finalidad clara, controles ni explicación pública. Szlajen indica que el diseño debería minimizar y anonimizar datos, prohibir usos secundarios, implementar auditorías externas, trazabilidad y revisión humana.

“Una evaluación ética previa, no decorativa sino operativa, identificando riesgos, responsabilidades y límites, es la clave para que los datos sean utilizados para cuidar, no para vigilar, controlar ni clasificar injustamente a las personas”, precisa a este Diario.

Además del debate técnico, en la arena política también se discutió el tema. Desde la oposición, los diputados Agustín Rossi (Unión por la Patria) y Esteban Paulón (Provincias Unidas) solicitaron citar al Congreso a la ministra del sector, Sandra Pettovello, para explicar los alcances del programa.La dirigente política Mila Zurbriggen, quien militó en La Libertad Avanza, aseguró a la prensa que el Gobierno Argentino implementa tecnología con un uso dictatorial. (Foto: Difusión).
La dirigente política Mila Zurbriggen –ex militante libertaria- fue un poco más allá y presentó una denuncia penal contra Milei y Pettovello por “implementar tecnología con uso dictatorial y violar la ley de protección de datos personales”.

Desde el Ejecutivo, si bien no se dieron mayores detalles del proyecto, salieron algunas voces a defenderlo. Alejandro Álvarez, subsecretario del área de Políticas Universitarias, cercano al asesor Santiago Caputo, apuntó contra el manejo de los programas sociales que hacía la gestión kichnerista.

“Le tienen fobia a la transparencia porque la digitalización y la tecnología impiden la intromisión de las porosas manos de los políticos en las cajas del Estado”, escribió en X.

Un magnate bajo sospecha
En abril, el empresario germano-estadounidense Peter Thiel, cofundador de PayPal, se instaló sorpresivamente en Buenos Aires. En sus primeras semanas tuvo reuniones con el presidente Milei y los ministros de Economía Luis Caputo y de Desregulación Federico Sturzenegger.

Pocas semanas después de estos encuentros, apareció el video que anunciaba la creación del Gemelo Digital, un producto que precisamente ofrece Palantir, la compañía de análisis de datos que actualmente dirige Thiel.

La coincidencia disparó interrogantes sobre quiénes se encargarían del procesamiento de información e implementación del proyecto. Para la Fundación Vía Libre, organización que vela por los derechos digitales, la activa agenda de Thiel en el país sugiere “el inicio de negociaciones comerciales orientadas a transferir los patrimonios informativos de la administración pública hacia plataformas de gestión privada”.

En sus comunicaciones el Ejecutivo no estableció nombres propios sobre quiénes desarrollarían el software o estarían a cargo del soporte técnico. Pero, la mención inicial de que convocarán a “los principales actores del mundo” para construir el modelo generó controversia. Por ello, cinco días después del lanzamiento, el Ministerio de Capital Humano sacó un comunicado aclarando que el proyecto se ejecutará bajo su conducción.

El presidente Javier Milei recibió a Peter Thiel en la Casa Rosada en abril.
Campos Ríos, de la Maestría de Administración Pública de la UBA, refiere que debe tenerse en cuenta que “los países de Latinoamérica somos principalmente consumidores, ya que no tenemos ni capacidad de desarrollo ni de procesamiento de datos”.

Según el PNUD (Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo) la región apenas alberga el 5% de data centers a nivel mundial. Al no contar con infraestructura, los países latinos deben exportar sus datos para que sean procesados en economías industrializadas.

En ese sentido, el especialista refiere que para resguardar la privacidad de los ciudadanos debería plantearse una discusión que vaya más allá de lo técnico. “Cuando hablamos de gobernanza es también una discusión política. Si le voy a dar los datos a una empresa extranjera ¿cómo se los voy a dar? El Estado debe tener marcos regulatorios en donde se resguarde la privacidad y que esos datos luego no sean usados para entrenar modelos de IA de empresas con afán de lucro”, refiere.

Al contar que planea poner en práctica el Gemelo Digital, el gobierno de Milei dio pie a la discusión por la soberanía de datos en la región. Aun cuando la iniciativa está más llena de preguntas que de certezas, lo que queda claro es que hoy la información es poder.

Nota: El Comercio Perú – Julio 2026

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El Ministerio de Capital Humano presentó el “Gemelo Digital Social”, una plataforma basada en inteligencia artificial orientada a integrar información social, educativa, laboral y territorial para simular escenarios y proyectar impactos de políticas públicas antes de su implementación. Según explicó el Gobierno, la herramienta buscará avanzar hacia un “Estado predictivo”: un esquema de gestión pública con capacidad para anticipar problemas, detectar patrones y evaluar posibles resultados de distintas intervenciones estatales.

La propuesta todavía se encuentra en una etapa preliminar y aún no fueron presentados detalles sobre arquitectura tecnológica, proveedores ni mecanismos concretos de funcionamiento.La idea de utilizar modelos predictivos en el sector público no es nueva. Singapur desarrolló plataformas digitales para planificación urbana y monitoreo de infraestructura en tiempo real, mientras que Reino Unido trabajó con modelos de simulación para transporte y movilidad urbana. En ambos casos, el objetivo fue utilizar datos para mejorar planificación y capacidad de decisión.

Pero la iniciativa también plantea riesgos y zonas grises.

El primer riesgo tiene que ver con privacidad y protección de datos. El anuncio menciona integración de información social, laboral, educativa y territorial, aunque todavía no se conoce qué bases concretas se utilizarán ni cómo se anonimizarán los datos. Con suficientes variables cruzadas, muchos conjuntos de información pueden permitir reidentificación indirecta de personas aun cuando nombres y documentos hayan sido eliminados. A eso se suma otro problema: Argentina todavía no cuenta con un marco regulatorio específico sobre inteligencia artificial ni con una estrategia nacional integral en la materia en la cual podría insertarse esta iniciativa.

La experiencia internacional muestra además que los sistemas predictivos pueden reproducir sesgos preexistentes o generar errores en procesos automatizados vinculados a políticas sociales. También aparece a colación una discusión sobre soberanía tecnológica y dependencia de grandes empresas proveedoras de infraestructura digital. Cuando los Estados tercerizan completamente este tipo de desarrollos, suelen perder capacidad para comprender o supervisar los sistemas que utilizan.

Existe además un límite más amplio: los problemas sociales no funcionan como sistemas mecánicos perfectamente predecibles. Los modelos pueden ayudar a identificar tendencias y correlaciones, pero las políticas públicas siguen involucrando decisiones políticas y dinámicas sociales difíciles de traducir completamente a variables algorítmicas.

Argentina necesita discutir cómo incorporar inteligencia artificial al Estado sin caer en el rechazo automático ni en el entusiasmo tecnológico vacío. Un “Estado predictivo” puede mejorar la planificación y capacidad de anticipación, pero ningún algoritmo reemplaza la necesidad de construir instituciones públicas capaces de interpretar y actuar sobre una realidad social siempre más compleja que cualquier modelo digital.

Nota de INFOBAE: Junio 2026

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El libro “Inteligencia Artificial y Políticas Públicas en América Latina y el Caribe: Experiencias y aportes para pensar una hoja de ruta regional”, de autoría de Maximiliano Campos Ríos, fue declarado de Interés durante la jornada “Inteligencia Artificial en el Ámbito Legislativo” realizada en la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

La Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires fue sede de la jornada “Inteligencia Artificial en el Ámbito Legislativo”, un espacio de encuentro que reunió a especialistas, legisladores y equipos técnicos para analizar los desafíos, oportunidades e impactos que la inteligencia artificial genera en la gestión pública y en los procesos de toma de decisiones.

La actividad estuvo encabezada por el secretario administrativo de la Legislatura, Christian Gribaudo, y la legisladora Aldana Crucitta, quienes impulsaron un debate orientado a reflexionar sobre el rol de las nuevas tecnologías en la modernización del Estado, la innovación institucional y el fortalecimiento de las políticas públicas.

Reconocimiento al libro de Maximiliano Campos Ríos

Uno de los momentos más destacados de la jornada fue la declaración de interés del libro “Inteligencia Artificial y Políticas Públicas en América Latina y el Caribe: Experiencias y aportes para pensar una hoja de ruta regional”, obra de Maximiliano Campos Ríos.

La publicación propone una mirada integral sobre la incorporación de la inteligencia artificial en el sector público, analizando experiencias concretas de la región, oportunidades de innovación y desafíos vinculados a la gobernanza, la regulación, la ética y la transformación digital del Estado

Este reconocimiento constituye un importante respaldo institucional a una obra que busca contribuir al debate sobre el futuro de las políticas públicas en América Latina y el Caribe, promoviendo una adopción responsable, estratégica e inclusiva de las tecnologías emergentes.

Inteligencia artificial y gestión pública: una agenda en construcción

Durante la jornada se abordaron temas vinculados a la aplicación de herramientas de inteligencia artificial en los poderes legislativos, la automatización de procesos, el análisis de datos para la formulación de políticas públicas y los desafíos regulatorios que plantea la acelerada evolución tecnológica.

La actividad reafirmó la importancia de generar espacios de diálogo entre el sector público, la academia y los especialistas para construir marcos de acción que permitan aprovechar el potencial de la inteligencia artificial en beneficio de la ciudadanía.

Un aporte para la región

La declaración de interés al libro de Maximiliano Campos Ríos reconoce el valor de una investigación orientada a fortalecer las capacidades institucionales y a impulsar una agenda regional sobre inteligencia artificial que contemple las particularidades de América Latina y el Caribe.

En un contexto de transformación digital acelerada, el trabajo busca aportar herramientas conceptuales y experiencias prácticas para acompañar a los gobiernos en la construcción de políticas públicas innovadoras, transparentes y centradas en las personas.

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El Consejo Profesional de Ciencias Económicas de Jujuy fue escenario de una charla-debate sobre el rol de la Inteligencia Artificial (IA) en la gestión pública, organizada por la Fundación Jujuy Futuro. El encuentro reunió a especialistas y actores del sector público y privado para analizar cómo la IA puede mejorar la eficiencia del Estado y potenciar la actividad productiva provincial.

Adriano Morone, titular de la Fundación Jujuy Futuro, señaló que “nuestro objetivo es facilitar un espacio de encuentro para discutir ideas y generar propuestas en temas que son muy importantes para el futuro de la provincia”. Subrayó además que “la IA está ocurriendo y llegó para quedarse, y Jujuy no puede quedarse fuera de esto, porque es quedarse fuera del mundo”.

Entre los expositores se destacó Maximiliano Campos Ríos, especialista en innovación pública y transformación del Estado, quien explicó el valor de incorporar herramientas de IA en la gestión estatal para hacerla “más cercana, participativa y eficiente”. Los asistentes debatieron casos de uso, desafíos éticos y regulatorios, y propuestas para integrar tecnologías emergentes en procesos administrativos y servicios a la ciudadanía.

Morone invitó a la comunidad a sumarse a futuras actividades y a colaborar en la generación de propuestas: “Invitamos a todos los interesados en participar, acompañar y desarrollar propuestas innovadoras y constructivas a contactarse vía Instagram de la Fundación Jujuy Futuro, para determinar futuras capacitaciones y charlas de acuerdo a las necesidades de todos”.

La jornada reafirmó la importancia de articular el sector público con el privado y la sociedad civil para impulsar la transformación digital en Jujuy y aprovechar las oportunidades laborales y productivas que ofrece la inteligencia artificial.

Fundación Jujuy Futuro

Fuente: Somos Jujuy | 25/03/2026

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Luego de la reforma laboral que busca modernizar el ecosistema del trabajo privado en la Argentina, el Gobierno comenzó a encarar la fase dos para transformar el empleo, pero esta vez, en el Estado. Luego de la motosierra —la fase uno—, llegó la hora para la gestión libertaria de crear una burocracia profesional sin influencia de la política.

El Ministerio de Desregulación que dirige Federico Surzenegger trabaja en un nuevo esquema orientado a profesionalizar el funcionamiento del Estado. El objetivo, adelantaron a LA NACION, es consolidar un plantel de trabajadores estables con reglas laborales claras.

La iniciativa no parte de cero: en la administración pública ya existen antecedentes, como el Servicio Exterior de la Nación, el cuerpo de Administradores Gubernamentales y los economistas de Gobierno. Sin embargo, esas experiencias —contaron a este medio— se concentraron en segmentos especializados, mientras que el plan actual apunta a las 280.120 personas que conforman la dotación total.

La propuesta se inscribe en una agenda más amplia canalizada en el Consejo de Mayo, donde se debaten iniciativas como la inviolabilidad de la propiedad privada, la ley de libertad educativa y acuerdos con las provincias vinculados al desarrollo de los recursos naturales.

El secretario de Transformación del Estado y Función Pública, Maximiliano Fariña, explicó a LA NACION que la etapa actual apunta a consolidar un plantel técnico estable como segundo desafío de la estrategia oficial, tras un primer tramo centrado en la reducción de personal.

“Estamos trabajando en la profesionalización del Sistema Nacional de Empleo Público (Sinep), con el objetivo de repensar la planta permanente actual y su carrera administrativa”, contó.

La pregunta, señaló, es “¿cómo logramos dar un Estado que sea profesional y que no dependa de la política?”. Advirtió, además, que se trata de “un proceso largo” que requerirá cambios normativos. “No vamos a impulsar ningún cuerpo nuevo ni un régimen paralelo, sino que vamos a trabajar sobre los recursos existentes”, explicaron.

Desde el ministerio advirtieron que, con el correr de los años, se acumularon modificaciones parciales y disposiciones superpuestas que hoy requieren un reordenamiento integral. Predominó una interpretación que consideran equivocada del principio constitucional de estabilidad en el empleo público, entendido como una imposibilidad casi absoluta de desvincular personal de la planta permanente, salvo ante faltas graves.

Según explicaron, ese criterio desdibujó la exigencia básica de cumplimiento de funciones y de horarios. “La estabilidad no implica ausencia de obligaciones”, resumieron. En esa línea, remarcaron que cuando un agente no desempeña sus tareas o incumple sus responsabilidades, pueden activarse los mecanismos previstos y avanzar en su desvinculación conforme a las reglas vigentes.

Desde la asunción del actual Gobierno se aplicaron herramientas ya contempladas, como el pase a disponibilidad para quienes no tienen funciones asignadas, señalaron en la cartera comandada por Sturzenegger. Bajo ese esquema, el trabajador permanece hasta un año con posibilidad de relocalización; de no concretarse, se procede a la desvinculación.

El funcionario aclaró que fueron más de 1000 los casos alcanzados por esta medida y que, si bien en la Justicia se registraron algunos episodios puntuales en los que el procedimiento no fue convalidado, en la mayoría de las situaciones los fallos resultaron favorables a la posición oficial.

En los gremios estatales, según dijeron a LA NACION, desconfían de los planes del Gobierno, sobre todo luego de la aplicación de la motosierra.

Detalles iniciales

Para comenzar a avanzar la iniciativa, dijeron, el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) aprobó una cooperación técnica no reembolsable por US$230.000, que apunta a respaldar el proceso de modernización del Estado, con eje en la mejora del funcionamiento interno de los organismos públicos. La asistencia se concentrará en revisar estructuras, simplificar circuitos administrativos y optimizar el uso de sistemas de información. También prevé acompañamiento en políticas de gestión de personal, con la meta de fortalecer capacidades y ordenar prácticas que impactan en la calidad de la administración.

Además, según adelantaron, el programa dará soporte a la agenda de transformación estatal y mejora regulatoria. Entre los lineamientos se incluyen la depuración de marcos legales, la reducción de trabas burocráticas y el impulso de esquemas que promuevan mayor competencia. El apoyo técnico también alcanzará al sistema de compras públicas y a iniciativas orientadas a facilitar el comercio exterior.

Qué existe hoy

El proceso de profesionalización del Estado argentino tiene uno de sus antecedentes más consolidados en el Servicio Exterior de la Nación. Desde la creación del Instituto del Servicio Exterior de la Nación (ISEN), en 1963, el ingreso a la carrera diplomática se realiza mediante concursos públicos y un esquema formal de formación inicial.

Ese diseño se consolidó con la Ley del Servicio Exterior de la Nación, sancionada en 1975 y aún vigente, que asignó al ISEN la selección y capacitación de los funcionarios del servicio exterior. En la actualidad, el ingreso continúa realizándose por concurso y un programa de formación de dos años. Durante 2024 no se realizó convocatoria, mientras que en 2025 el proceso fue reabierto con un cupo de 20 postulantes.

Un antecedente posterior es el Cuerpo de Administradores Gubernamentales (AG), creado en 1987 con el objetivo de conformar un plantel técnico destinado a tareas de gestión, planificación y conducción de políticas públicas. El régimen prevé un perfil multidisciplinario, movilidad entre distintas áreas del Estado y un compromiso de permanencia, con el propósito de garantizar una visión transversal de la administración pública. En la actualidad, el cuerpo está integrado por 67 administradores y mantiene dependencia jerárquica de la Secretaría de Transformación del Estado y Función Pública. Desde su creación, fue concebido como una estructura técnica permanente, orientada a aportar capacidades estables más allá de los cambios de gobierno.

Otro precedente de profesionalización fue la carrera de economistas de gobierno, creada en 1994 en el ámbito del Ministerio de Economía junto con el Instituto Superior de los Economistas de Gobierno (ISEG). El esquema apuntaba a formar economistas con orientación a la gestión pública, a partir de un sistema de selección, formación de posgrado y compromiso de permanencia en el Estado.

La experiencia, conocida informalmente como la “escuelita de Cavallo”, buscó replicar para el área económica un modelo de selección y formación inspirado en el ISEN. El instituto fue disuelto en 2000, lo que interrumpió el sistema formal de ingreso, aunque algunos economistas capacitados bajo ese régimen continúan en el sector público.

Los gremios y los expertos

Rodolfo Aguiar, de ATE nacional, cuestionó la política oficial al afirmar que “este Gobierno no puede hablar de profesionalización en la administración pública porque desde que asumió se ha empecinado en destruirla”. Señaló la suspensión del Fopecap y advirtió que se retuvieron más de $11.800 millones destinados a capacitación, además del “desmantelamiento del Instituto Nacional de Administración Pública (INAP)”. También sostuvo que “si piensan que profesionalizar es modificar el convenio colectivo sin la participación de los sindicatos, no lo van a lograr” y reclamó explicaciones sobre salarios y estabilidad. Ante la consulta de este medio, UPCN, el otro gremio estatal, no opinó.

Maximiliano Campos Ríos, director de la Maestría en Administración Pública (FCE-UBA), sostuvo que “profesionalizar el sector público implica ingreso por concurso, capacitación de excelencia y remuneración acorde”, y advirtió: “No podemos cambiar a toda la alta dirección pública cada cuatro años”.

También señaló que “hay que ordenar las asimetrías que implica tener más de 50 convenios colectivos de trabajo”. Sobre el teletrabajo, sostuvo que dejó “valiosas lecciones”, aunque defendió un esquema mixto. Además, cuestionó los nombramientos por excepción y por 180 días, porque “fragiliza y partidiza el segmento directivo”.

La reforma del sector público en la Argentina, planteó Celina Cantú, directora de la Maestría en Políticas Públicas de la Universidad Austral, debe enmarcarse en “una visión de Estado moderno y eficiente”, donde “la prioridad no sea únicamente la reducción de costos, sino la construcción de capacidades estatales sólidas y sostenibles”. Señaló que los países con mejores resultados comparten “profesionalización de los recursos humanos y estructuras administrativas estables”. Esto exige “definir roles y competencias técnicas y de gestión” y fortalecer “una carrera pública que preserve el conocimiento acumulado y atraiga talento”.

La motosierra

La primera fase del proceso fue la motosierra: Según datos del Indec, entre diciembre de 2023 y diciembre de 2025 la nómina se redujo en 61.729 puestos, lo que implicó una baja del 7,2% en el último año. La dotación total fue de 280.120 personas en 2025.

Muchas de las reformas que hoy se ponen en marcha fueron diseñadas antes de la actual gestión, en el marco del programa de gobierno de la entonces candidata presidencial Patricia Bullrich, a partir de un trabajo técnico desarrollado durante al menos dos años por Sturzenegger. Tras el cambio de escenario político, esos lineamientos fueron incorporados como insumo en la agenda de reformas del gobierno de Javier Milei.

Por Maximiliano Marqués

Nota del Diario LA NACION; Febrero 2026

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En un contexto donde los datos se consideran “el petróleo del siglo XXI”, este informe pone el foco en el enorme potencial que tienen las ciudades y los territorios para ofrecer servicios públicos más eficientes, anticiparse a problemas sociales y mejorar la toma de decisiones.

¿Por qué la inteligencia artificial es clave para los gobiernos subnacionales?

Los gobiernos subnacionales (provincias, estados, municipios) están cada vez más cerca de las necesidades cotidianas de la ciudadanía. La inteligencia artificial permite:

• Analizar grandes volúmenes de datos en tiempo real.
• Detectar patrones y anticipar demandas de servicios (salud, transporte, seguridad, educación, etc.).
• Optimizar la asignación de recursos públicos.
• Mejorar la experiencia de las personas en su relación con el Estado.

El Cuaderno del desarrollo 37 muestra casos en los que ciudades de América Latina y el Caribe ya están usando IA para gestionar el tránsito, monitorear el uso de energía, optimizar la recolección de residuos o fortalecer la seguridad ciudadana.

Datos, formación e infraestructura: los desafíos pendientes

Aunque la inteligencia artificial ya está presente en algunos gobiernos locales de la región, el documento de CAF señala que todavía existen retos importantes:

• Calidad y gobernanza de los datos: sin datos confiables y bien gestionados, la IA pierde potencia.
• Formación de equipos públicos: es necesario capacitar a funcionarios y técnicos en ciencia de datos, analítica e innovación digital.
• Infraestructura tecnológica: conectividad, capacidad de cómputo y sistemas seguros son la base para escalar soluciones de IA.
• Marco ético y regulatorio: se requieren lineamientos claros para proteger la privacidad, evitar sesgos y garantizar un uso responsable de la tecnología.

En este sentido, el cuaderno propone avanzar hacia una estrategia integral de IA en el sector público, donde los gobiernos subnacionales tengan un rol protagónico.

América Latina y el Caribe frente a la IA en el sector público

El informe sitúa a América Latina y el Caribe en un momento clave: la región cuenta con un alto nivel de urbanización, una creciente digitalización y una presión social por mejorar la calidad de los servicios públicos.

La inteligencia artificial puede ser un acelerador de desarrollo, siempre que se combine con:

• Políticas de innovación y gobernabilidad que integren a la ciudadanía.
• Inversión en tecnologías de la información y la comunicación (TIC).
• Colaboración entre gobiernos, academia y sector privado.

CAF, a través de este cuaderno, invita a los gobiernos subnacionales a dar el salto hacia la IA con una visión estratégica, inclusiva y centrada en las personas.

Descargá el Cuaderno del desarrollo 37 sobre IA y gobiernos subnacionales

Si te interesa profundizar en cómo la inteligencia artificial está transformando a los gobiernos subnacionales y qué pasos concretos pueden seguir las ciudades de la región, podés consultar la publicación completa:

Título: Cuaderno del desarrollo 37 – Inteligencia artificial y gobiernos subnacionales
Autor: Campos Ríos, M.
Fecha: 19 de diciembre de 2025
Región: América Latina y el Caribe
Disponible en: Scioteca CAF –

Este recurso es una referencia esencial para quienes trabajan en sector público, innovación, ciencia y tecnología, TIC y gobernabilidad, y buscan entender el rol de la IA en el futuro de los territorios.

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LA VOCACIÓN Y EL SERVICIO PÚBLICO. EL ESTADO DEL ESTADO

Sebastián Lucas Ibarra: Maxi, nos conocimos cuando eras  titular de la Escuela Superior de Gobierno,  y Director de Investigaciones y publicaciones del INAP. Ya desde entonces charlabamos de estos temas que nos apasionan y aprendí mucho de tu experiencia y visión del sector público. Hoy 10 años después. ya como continuador del legado de Oscar Oszlak, te encuentro como Director de la Maestría en Administración Pública de la Facultad de Ciencias Económicas de la UBA y no quería dejar de pasar la oportunidad de poder entrevistarte y compartir tu visión del Estado en VD. Arranquemos del principio y fundamento.  ¿Cómo se despertó y desarrollaste tu vocación por lo público?

Maximiliano Campos Ríos (MCR): El gusto es mío.  Mi preocupación por lo público empieza desde muy joven. Empecé la carrera de Ciencia Política a los 18 años y, simultáneamente, ya trabajaba en el sector público. Entré como pasante en la Subsecretaría de Pesca, y ahí hice las primeras armas, vinculándome con organismos como la FAO y viendo cuestiones económicas y geopolíticas. Luego, el salto cualitativo fue en la Dirección de Sistemas de Información del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires (lo que ahora es la ASI). Me dio mucha interacción con ingenieros y programadores. Ahí empezó mi pasión por trabajar en la intersección entre las nuevas tecnologías y la administración pública. Yo creo que son dos mundos muy necesarios que tienen que unirse.

Sebastián Lucas Ibarra (SLI): Vamos a retomar el tema de la tecnología, porque siempre parece que su velocidad en la administración pública viene con delay. Pero sigamos con tu recorrido. Después te recibís y empezás a consolidar tu nicho académico, ¿no?

MCR: Sí, siempre tuve una doble vocación: la vocación pública del servicio civil y la vocación académica. Hice la carrera académica completa, ganando concursos, y hoy soy Profesor Regular por concurso y Director de la Maestría en Administración Pública de la FCE de la UBA. Rápidamente, me di cuenta de mi vocación: Me gustaba más la administración pública que la carrera diplomática (un viejo anhelo de cuando estaba en el secundario)

SLI: Hablemos del potencial del sector público. Siempre se lo denosta con frases como «ñoqui», «no rinde». ¿Cuál es el diagnóstico real que vos hacés?

MCR: Yo creo que el gran problema del sector público en Argentina no es su tamaño, sino su fragmentación. Es un Estado de compartimentos estancos y fragmentación jurídica, administrativa y normativa. Que tengas más de 60 convenios colectivos de trabajo diferentes a nivel nacional, con distintos tipos de ingresos y carreras, es ridículo. Si todo sale por la vía de excepción, es porque el sistema funciona mal.

Esta fragmentación se visualiza en el proceso de toma de decisión y en las bases de datos fragmentadas. El Estado es ineficiente back-office, y esa ineficiencia se la traslada al administrado, quien termina siendo una suerte de “cadete externo” llevando papeles. Esto le hace perder tiempo al ciudadano y genera una pérdida de competitividad muy grande, lo que impacta en el desarrollo sostenible.

SLI: ¿Y qué rol tiene el Estado en ese desarrollo?

MCR: En América Latina, tenemos que tener en cuenta que el 25% del Producto Bruto de los países en promedio tiene que ver con el Estado, de manera directa o indirecta. En los países grandes y federales como Argentina, Brasil y México si contamos el espacio subnacional ese 25% puede subir al 40%. Entonces, podemos inferir que el Estado es un anexo de la competitividad muy grande para los sectores productivos. Entonces yo te pregunto, ¿sería “el campo” lo que es sin la existencia de las universidades nacionales, el INTA, o el CONICET? La respuesta es no. Porque esas tres instituciones explican en gran parte la competitividad del agro por medio de un subsidio indirecto.

SLI: Tal cual. Y en contraposición, ¿qué pasa con esa visión de Estado mínimo, que solo se encarga de seguridad y defensa?

MCR: Esa visión de Estado mínimo es mítica; en el mundo tampoco existe. Ahora, si me decís: «Quiero un Estado mínimo a nivel federal, con ciertas competencias estratégicas, y que Seguridad, Salud y Educación estén a nivel provincial», te lo compro. Tiene lógica, pero debemos rediscutir la coparticipación y darle los fondos a las provincias. Si no se hace, la discusión es de «sábana corta».

Pretendemos servicios de excelencia en un Estado sin recursos para ello. Un ejemplo son los municipios: El gobierno no quiere que se cobren tasas, ahora bien, algunos municipios hoy son “mini provincias” con seguridad (prevención), atención primaria de la salud y todo tipo de servicios. Los ciudadanos les demandan servicios, pero hay cada vez menos transferencias y les limitan las formas de financiamiento. Es una locura: pretendemos los servicios de los países nórdicos y los impuestos de Singapur.

SLI: Hablemos de la politización. Esa mezcla de gobierno, política y Estado, que en el peor de los casos se vuelve un subsidio al empleo. ¿Es un síntoma nuestro o es común en la región?

MCR: Es un problema compartido en América Latina. Sin embargo, gran parte de la región llevó adelante estrategias exitosas de profesionalización. Tomá el ejemplo de Perú: a pesar de su inestabilidad política, con la reforma del servicio civil y la creación del Servir, lograron un cuerpo de funcionarios intermedios concursado, profesional y de excelencia, que queda y permanece sin importar los cambios de gobierno. En Argentina, la fragilidad institucional es enorme. Somos puro gobierno y poco Estado. Si surge un gobierno populista, el Estado se expande irracionalmente; si viene un gobierno libertario: Motosierra. No hay políticas de continuidad, que son fundamentales para que los proyectos de mediano y largo plazo prosperen. Vamos de un extremo a otro pero sin transitar la cordura.

SLI: Esto se nota en la inversión, supongo…

MCR: Totalmente. Por más incentivos excepcionales que le ofrezcas a una gran empresa, si no ven un sistema institucional sólido, un sistema judicial independiente y una administración pública profesional para interactuar, ninguna empresa seria se instala. Las mayores inversiones de Mercado Libre no fueron en países de centroderecha empresarial, sino en el Brasil de Lula y el México de AMLO/Sheinbaum, porque hay condiciones de mercado que se construyen con constancia y seriedad.

SLI: ¿Se ha avanzado con la estabilidad y profesionalización del servicio civil?

MCR: Hubo avances y retrocesos. Este gobierno es el primero que no ha llamado a ningún concurso de alta dirección pública. El modelo a seguir es el cuerpo diplomático, donde hay un número limitado de los cargos de confianza, y el resto son diplomáticos de carrera. Esto implica un avance, no podés mandar al que «te junta los votos” en el barrio a negociar aranceles en Bruselas; estás perjudicando a tu país. Hay que entender que el empleo público es desde un diplomático hasta un médico, una enfermera, un maestro, un policía: son las instituciones de un país. Si no respetás o no profesionalizás, le estás faltando el respeto a tu gente. Además, Argentina es uno de los pocos países del mundo que no tiene un INAP (Instituto Nacional de la Administración Pública) jerarquizado; ya que durante este gobierno se degradó a una simple dirección de capacitación. Nótese que incluso Bukele (El Salvador) y Díaz-Canel (Cuba) tienen organismos especializados de formación y capacitación, o sea no es un tema ideológico, es un tema de Estado.

SLI: ¿Cómo logras que las administraciones públicas de las provincias con menos recursos se pongan a la altura de las que tienen más?

MCR: Gran pregunta. Si el Estado federal no cumple ese rol de árbitro para equilibrar las inequidades, ¿Quién lo va a hacer? El privado no lo va a hacer porque los empleados públicos están tan mal pagos que no pueden pagar una capacitación privada. Somos un país unitario para la recaudación, pero federal para las erogaciones.

Hay experiencias productivas y desarrollistas impresionantes en el interior que no miramos, como el modelo de economía circular de General Cabrera en Córdoba, desde donde la empresa que produce el maní “King” (Prodeman S.A.) exporta a más de 40 países, no sólo generando recursos y empleo de alta calidad. Sino que es también sustentable, ya que posee su propia Central térmica de generación de energía eléctrica a base de la biomasa de cáscara de maní. Esta central produce 10 megavatios por hora con lo que se puede abastecer, aproximadamente a 18.000 hogares todos los días del año. ¿Por qué no tenemos 500 empresas así? ¿O peor aún, porqué ni siquiera nos enteramos?

EL ESTADO Y LOS INCETIVOS PARA EL DESARROLLO

SLI: Eso, háblanos de como el Estado promueve el desarrollo del sector privado. ¿En que manera podría ser catalizador de que haya otras 500 empresas así a lo largo del país?

MCR: Hay que ir trabajando de manera gradual. Es una cuestión de incentivos. Hay una metáfora de Bernardo Kosacoff que busca explicar esta cuestión de incentivos: Cuando los vikingos salieron al mar y se toparon con los poblados del norte de Inglaterra los saquearon sin piedad, sin embargo, cuando fueron bajando hacia el sur, se encontraron con ciudades más fortificadas y con ejércitos profesionales, que les infligían un número importante de bajas. Entonces, ¿cuáles fueron sus incentivos? Se terminaron fusionando, se convirtieron en increíbles comerciantes. No es que eran malos o buenos per se, actuaban en función de incentivos selectivos positivos o negativos. Según Bernardo el empresario argentino funciona así, y es una imagen con la cual yo coincido.

La metáfora es que el empresario local invierte y se esfuerza no tanto en innovar o ganar nuevos mercados, sino en evitar que el Estado lo perjudique o en obtener la excepción. El incentivo perverso es que se premia la astucia para esquivar reglas, no el riesgo productivo. Para cambiar eso, se necesita que el Estado sea predecible y profesional, no que funcione como un campo de batalla legal y burocrático.

SLI: ¿Y por qué el Estado genera incentivos tan negativos, como el trabajo en negro?

MCR: Tenemos que trabajar sobre sistemas de incentivos. El único factor explicativo del trabajo en negro no puede ser que los empresarios son todos unos desalmados. Pagan en negro también porque existe una industria del juicio, porque las cargas y los costos laborales son altísimos. Termina ganando más el que es un empleado que no se arriesga que el que se arriesga y pone su capital. Es ridículo, no entendemos que hay que construir un sistema de incentivos a largo plazo. Las instituciones son las que reparten incentivos, pero esos incentivos tienen que ser estables. Nunca han funcionado los sistemas de incentivos negativos; funcionan más los positivos. Si así fuera, Corea del Norte estaría más desarrollada que Corea del Sur.

SLI: Hablemos de ciencia e innovación. ¿Cuál es el rol del Estado en el sector científico-tecnológico?

MCR: El Estado no es neutral en el proceso de desarrollo. Argentina no invierte lo que debería invertir en ciencia y técnica, y la inversión existente sería más efectiva si estuviera orientada al desarrollo productivo y a la economía del conocimiento.

Si te fijás en el caso de Corea del Sur, el crecimiento de su industria tecnológica no fue espontáneo: durante décadas, el Estado impulsó políticas de largo plazo, financió investigación aplicada, promovió alianzas entre universidades y empresas, y apoyó sectores estratégicos como la electrónica y la ingeniería avanzada. Ese marco permitió que la innovación se transformara en capacidades productivas concretas y en una economía altamente competitiva.

SLI: ¿Qué está pasando con la economía del conocimiento y la fuga de talentos?

MCR: La economía del conocimiento, el software, los servicios. Nosotros formamos excelentes profesionales que no estamos aprovechando lo suficiente. La política argentina ha fracasado. El Monotributo Tech (monotributo tecnológico) con un ridículo tope de US$ 30.000 al año es prueba de esto. El empresario argentino se instala en el “Silicon Valley” uruguayo y los desarrolladores cobran en Paypal o cuentas de Bitcoin. El drama de 2001 era “los pibes que se iban por Ezeiza”.  Ahora se quedan sus cuerpos, pero se van sus mentes y su fiscalidad.

SLI: ¿Hay desinterés del sector público en lo que es modernización y tecnología?

MCR: Hay un problema en la escasez de profesionales. Lo vemos en Vaca Muerta, donde no hay geólogos ni ingenieros en petróleo que alcancen y hay que importar. Hay un problema de orientación educativa y de prospectiva que no logra generar esos profesionales. ¿Cómo se va a orientar el sistema educativo? Con incentivos de investigación, incentivos científicos, incentivos económicos.

NOTA: Noviembre 2025. Visión Desarrollista.

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