El Consejo Profesional de Ciencias Económicas de Jujuy fue escenario de una charla-debate sobre el rol de la Inteligencia Artificial (IA) en la gestión pública, organizada por la Fundación Jujuy Futuro. El encuentro reunió a especialistas y actores del sector público y privado para analizar cómo la IA puede mejorar la eficiencia del Estado y potenciar la actividad productiva provincial.

Adriano Morone, titular de la Fundación Jujuy Futuro, señaló que “nuestro objetivo es facilitar un espacio de encuentro para discutir ideas y generar propuestas en temas que son muy importantes para el futuro de la provincia”. Subrayó además que “la IA está ocurriendo y llegó para quedarse, y Jujuy no puede quedarse fuera de esto, porque es quedarse fuera del mundo”.

Entre los expositores se destacó Maximiliano Campos Ríos, especialista en innovación pública y transformación del Estado, quien explicó el valor de incorporar herramientas de IA en la gestión estatal para hacerla “más cercana, participativa y eficiente”. Los asistentes debatieron casos de uso, desafíos éticos y regulatorios, y propuestas para integrar tecnologías emergentes en procesos administrativos y servicios a la ciudadanía.

Morone invitó a la comunidad a sumarse a futuras actividades y a colaborar en la generación de propuestas: “Invitamos a todos los interesados en participar, acompañar y desarrollar propuestas innovadoras y constructivas a contactarse vía Instagram de la Fundación Jujuy Futuro, para determinar futuras capacitaciones y charlas de acuerdo a las necesidades de todos”.

La jornada reafirmó la importancia de articular el sector público con el privado y la sociedad civil para impulsar la transformación digital en Jujuy y aprovechar las oportunidades laborales y productivas que ofrece la inteligencia artificial.

Fundación Jujuy Futuro

Fuente: Somos Jujuy | 25/03/2026

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Luego de la reforma laboral que busca modernizar el ecosistema del trabajo privado en la Argentina, el Gobierno comenzó a encarar la fase dos para transformar el empleo, pero esta vez, en el Estado. Luego de la motosierra —la fase uno—, llegó la hora para la gestión libertaria de crear una burocracia profesional sin influencia de la política.

El Ministerio de Desregulación que dirige Federico Surzenegger trabaja en un nuevo esquema orientado a profesionalizar el funcionamiento del Estado. El objetivo, adelantaron a LA NACION, es consolidar un plantel de trabajadores estables con reglas laborales claras.

La iniciativa no parte de cero: en la administración pública ya existen antecedentes, como el Servicio Exterior de la Nación, el cuerpo de Administradores Gubernamentales y los economistas de Gobierno. Sin embargo, esas experiencias —contaron a este medio— se concentraron en segmentos especializados, mientras que el plan actual apunta a las 280.120 personas que conforman la dotación total.

La propuesta se inscribe en una agenda más amplia canalizada en el Consejo de Mayo, donde se debaten iniciativas como la inviolabilidad de la propiedad privada, la ley de libertad educativa y acuerdos con las provincias vinculados al desarrollo de los recursos naturales.

El secretario de Transformación del Estado y Función Pública, Maximiliano Fariña, explicó a LA NACION que la etapa actual apunta a consolidar un plantel técnico estable como segundo desafío de la estrategia oficial, tras un primer tramo centrado en la reducción de personal.

“Estamos trabajando en la profesionalización del Sistema Nacional de Empleo Público (Sinep), con el objetivo de repensar la planta permanente actual y su carrera administrativa”, contó.

La pregunta, señaló, es “¿cómo logramos dar un Estado que sea profesional y que no dependa de la política?”. Advirtió, además, que se trata de “un proceso largo” que requerirá cambios normativos. “No vamos a impulsar ningún cuerpo nuevo ni un régimen paralelo, sino que vamos a trabajar sobre los recursos existentes”, explicaron.

Desde el ministerio advirtieron que, con el correr de los años, se acumularon modificaciones parciales y disposiciones superpuestas que hoy requieren un reordenamiento integral. Predominó una interpretación que consideran equivocada del principio constitucional de estabilidad en el empleo público, entendido como una imposibilidad casi absoluta de desvincular personal de la planta permanente, salvo ante faltas graves.

Según explicaron, ese criterio desdibujó la exigencia básica de cumplimiento de funciones y de horarios. “La estabilidad no implica ausencia de obligaciones”, resumieron. En esa línea, remarcaron que cuando un agente no desempeña sus tareas o incumple sus responsabilidades, pueden activarse los mecanismos previstos y avanzar en su desvinculación conforme a las reglas vigentes.

Desde la asunción del actual Gobierno se aplicaron herramientas ya contempladas, como el pase a disponibilidad para quienes no tienen funciones asignadas, señalaron en la cartera comandada por Sturzenegger. Bajo ese esquema, el trabajador permanece hasta un año con posibilidad de relocalización; de no concretarse, se procede a la desvinculación.

El funcionario aclaró que fueron más de 1000 los casos alcanzados por esta medida y que, si bien en la Justicia se registraron algunos episodios puntuales en los que el procedimiento no fue convalidado, en la mayoría de las situaciones los fallos resultaron favorables a la posición oficial.

En los gremios estatales, según dijeron a LA NACION, desconfían de los planes del Gobierno, sobre todo luego de la aplicación de la motosierra.

Detalles iniciales

Para comenzar a avanzar la iniciativa, dijeron, el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) aprobó una cooperación técnica no reembolsable por US$230.000, que apunta a respaldar el proceso de modernización del Estado, con eje en la mejora del funcionamiento interno de los organismos públicos. La asistencia se concentrará en revisar estructuras, simplificar circuitos administrativos y optimizar el uso de sistemas de información. También prevé acompañamiento en políticas de gestión de personal, con la meta de fortalecer capacidades y ordenar prácticas que impactan en la calidad de la administración.

Además, según adelantaron, el programa dará soporte a la agenda de transformación estatal y mejora regulatoria. Entre los lineamientos se incluyen la depuración de marcos legales, la reducción de trabas burocráticas y el impulso de esquemas que promuevan mayor competencia. El apoyo técnico también alcanzará al sistema de compras públicas y a iniciativas orientadas a facilitar el comercio exterior.

Qué existe hoy

El proceso de profesionalización del Estado argentino tiene uno de sus antecedentes más consolidados en el Servicio Exterior de la Nación. Desde la creación del Instituto del Servicio Exterior de la Nación (ISEN), en 1963, el ingreso a la carrera diplomática se realiza mediante concursos públicos y un esquema formal de formación inicial.

Ese diseño se consolidó con la Ley del Servicio Exterior de la Nación, sancionada en 1975 y aún vigente, que asignó al ISEN la selección y capacitación de los funcionarios del servicio exterior. En la actualidad, el ingreso continúa realizándose por concurso y un programa de formación de dos años. Durante 2024 no se realizó convocatoria, mientras que en 2025 el proceso fue reabierto con un cupo de 20 postulantes.

Un antecedente posterior es el Cuerpo de Administradores Gubernamentales (AG), creado en 1987 con el objetivo de conformar un plantel técnico destinado a tareas de gestión, planificación y conducción de políticas públicas. El régimen prevé un perfil multidisciplinario, movilidad entre distintas áreas del Estado y un compromiso de permanencia, con el propósito de garantizar una visión transversal de la administración pública. En la actualidad, el cuerpo está integrado por 67 administradores y mantiene dependencia jerárquica de la Secretaría de Transformación del Estado y Función Pública. Desde su creación, fue concebido como una estructura técnica permanente, orientada a aportar capacidades estables más allá de los cambios de gobierno.

Otro precedente de profesionalización fue la carrera de economistas de gobierno, creada en 1994 en el ámbito del Ministerio de Economía junto con el Instituto Superior de los Economistas de Gobierno (ISEG). El esquema apuntaba a formar economistas con orientación a la gestión pública, a partir de un sistema de selección, formación de posgrado y compromiso de permanencia en el Estado.

La experiencia, conocida informalmente como la “escuelita de Cavallo”, buscó replicar para el área económica un modelo de selección y formación inspirado en el ISEN. El instituto fue disuelto en 2000, lo que interrumpió el sistema formal de ingreso, aunque algunos economistas capacitados bajo ese régimen continúan en el sector público.

Los gremios y los expertos

Rodolfo Aguiar, de ATE nacional, cuestionó la política oficial al afirmar que “este Gobierno no puede hablar de profesionalización en la administración pública porque desde que asumió se ha empecinado en destruirla”. Señaló la suspensión del Fopecap y advirtió que se retuvieron más de $11.800 millones destinados a capacitación, además del “desmantelamiento del Instituto Nacional de Administración Pública (INAP)”. También sostuvo que “si piensan que profesionalizar es modificar el convenio colectivo sin la participación de los sindicatos, no lo van a lograr” y reclamó explicaciones sobre salarios y estabilidad. Ante la consulta de este medio, UPCN, el otro gremio estatal, no opinó.

Maximiliano Campos Ríos, director de la Maestría en Administración Pública (FCE-UBA), sostuvo que “profesionalizar el sector público implica ingreso por concurso, capacitación de excelencia y remuneración acorde”, y advirtió: “No podemos cambiar a toda la alta dirección pública cada cuatro años”.

También señaló que “hay que ordenar las asimetrías que implica tener más de 50 convenios colectivos de trabajo”. Sobre el teletrabajo, sostuvo que dejó “valiosas lecciones”, aunque defendió un esquema mixto. Además, cuestionó los nombramientos por excepción y por 180 días, porque “fragiliza y partidiza el segmento directivo”.

La reforma del sector público en la Argentina, planteó Celina Cantú, directora de la Maestría en Políticas Públicas de la Universidad Austral, debe enmarcarse en “una visión de Estado moderno y eficiente”, donde “la prioridad no sea únicamente la reducción de costos, sino la construcción de capacidades estatales sólidas y sostenibles”. Señaló que los países con mejores resultados comparten “profesionalización de los recursos humanos y estructuras administrativas estables”. Esto exige “definir roles y competencias técnicas y de gestión” y fortalecer “una carrera pública que preserve el conocimiento acumulado y atraiga talento”.

La motosierra

La primera fase del proceso fue la motosierra: Según datos del Indec, entre diciembre de 2023 y diciembre de 2025 la nómina se redujo en 61.729 puestos, lo que implicó una baja del 7,2% en el último año. La dotación total fue de 280.120 personas en 2025.

Muchas de las reformas que hoy se ponen en marcha fueron diseñadas antes de la actual gestión, en el marco del programa de gobierno de la entonces candidata presidencial Patricia Bullrich, a partir de un trabajo técnico desarrollado durante al menos dos años por Sturzenegger. Tras el cambio de escenario político, esos lineamientos fueron incorporados como insumo en la agenda de reformas del gobierno de Javier Milei.

Por Maximiliano Marqués

Nota del Diario LA NACION; Febrero 2026

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En un contexto donde los datos se consideran “el petróleo del siglo XXI”, este informe pone el foco en el enorme potencial que tienen las ciudades y los territorios para ofrecer servicios públicos más eficientes, anticiparse a problemas sociales y mejorar la toma de decisiones.

¿Por qué la inteligencia artificial es clave para los gobiernos subnacionales?

Los gobiernos subnacionales (provincias, estados, municipios) están cada vez más cerca de las necesidades cotidianas de la ciudadanía. La inteligencia artificial permite:

• Analizar grandes volúmenes de datos en tiempo real.
• Detectar patrones y anticipar demandas de servicios (salud, transporte, seguridad, educación, etc.).
• Optimizar la asignación de recursos públicos.
• Mejorar la experiencia de las personas en su relación con el Estado.

El Cuaderno del desarrollo 37 muestra casos en los que ciudades de América Latina y el Caribe ya están usando IA para gestionar el tránsito, monitorear el uso de energía, optimizar la recolección de residuos o fortalecer la seguridad ciudadana.

Datos, formación e infraestructura: los desafíos pendientes

Aunque la inteligencia artificial ya está presente en algunos gobiernos locales de la región, el documento de CAF señala que todavía existen retos importantes:

• Calidad y gobernanza de los datos: sin datos confiables y bien gestionados, la IA pierde potencia.
• Formación de equipos públicos: es necesario capacitar a funcionarios y técnicos en ciencia de datos, analítica e innovación digital.
• Infraestructura tecnológica: conectividad, capacidad de cómputo y sistemas seguros son la base para escalar soluciones de IA.
• Marco ético y regulatorio: se requieren lineamientos claros para proteger la privacidad, evitar sesgos y garantizar un uso responsable de la tecnología.

En este sentido, el cuaderno propone avanzar hacia una estrategia integral de IA en el sector público, donde los gobiernos subnacionales tengan un rol protagónico.

América Latina y el Caribe frente a la IA en el sector público

El informe sitúa a América Latina y el Caribe en un momento clave: la región cuenta con un alto nivel de urbanización, una creciente digitalización y una presión social por mejorar la calidad de los servicios públicos.

La inteligencia artificial puede ser un acelerador de desarrollo, siempre que se combine con:

• Políticas de innovación y gobernabilidad que integren a la ciudadanía.
• Inversión en tecnologías de la información y la comunicación (TIC).
• Colaboración entre gobiernos, academia y sector privado.

CAF, a través de este cuaderno, invita a los gobiernos subnacionales a dar el salto hacia la IA con una visión estratégica, inclusiva y centrada en las personas.

Descargá el Cuaderno del desarrollo 37 sobre IA y gobiernos subnacionales

Si te interesa profundizar en cómo la inteligencia artificial está transformando a los gobiernos subnacionales y qué pasos concretos pueden seguir las ciudades de la región, podés consultar la publicación completa:

Título: Cuaderno del desarrollo 37 – Inteligencia artificial y gobiernos subnacionales
Autor: Campos Ríos, M.
Fecha: 19 de diciembre de 2025
Región: América Latina y el Caribe
Disponible en: Scioteca CAF –

Este recurso es una referencia esencial para quienes trabajan en sector público, innovación, ciencia y tecnología, TIC y gobernabilidad, y buscan entender el rol de la IA en el futuro de los territorios.

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LA VOCACIÓN Y EL SERVICIO PÚBLICO. EL ESTADO DEL ESTADO

Sebastián Lucas Ibarra: Maxi, nos conocimos cuando eras  titular de la Escuela Superior de Gobierno,  y Director de Investigaciones y publicaciones del INAP. Ya desde entonces charlabamos de estos temas que nos apasionan y aprendí mucho de tu experiencia y visión del sector público. Hoy 10 años después. ya como continuador del legado de Oscar Oszlak, te encuentro como Director de la Maestría en Administración Pública de la Facultad de Ciencias Económicas de la UBA y no quería dejar de pasar la oportunidad de poder entrevistarte y compartir tu visión del Estado en VD. Arranquemos del principio y fundamento.  ¿Cómo se despertó y desarrollaste tu vocación por lo público?

Maximiliano Campos Ríos (MCR): El gusto es mío.  Mi preocupación por lo público empieza desde muy joven. Empecé la carrera de Ciencia Política a los 18 años y, simultáneamente, ya trabajaba en el sector público. Entré como pasante en la Subsecretaría de Pesca, y ahí hice las primeras armas, vinculándome con organismos como la FAO y viendo cuestiones económicas y geopolíticas. Luego, el salto cualitativo fue en la Dirección de Sistemas de Información del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires (lo que ahora es la ASI). Me dio mucha interacción con ingenieros y programadores. Ahí empezó mi pasión por trabajar en la intersección entre las nuevas tecnologías y la administración pública. Yo creo que son dos mundos muy necesarios que tienen que unirse.

Sebastián Lucas Ibarra (SLI): Vamos a retomar el tema de la tecnología, porque siempre parece que su velocidad en la administración pública viene con delay. Pero sigamos con tu recorrido. Después te recibís y empezás a consolidar tu nicho académico, ¿no?

MCR: Sí, siempre tuve una doble vocación: la vocación pública del servicio civil y la vocación académica. Hice la carrera académica completa, ganando concursos, y hoy soy Profesor Regular por concurso y Director de la Maestría en Administración Pública de la FCE de la UBA. Rápidamente, me di cuenta de mi vocación: Me gustaba más la administración pública que la carrera diplomática (un viejo anhelo de cuando estaba en el secundario)

SLI: Hablemos del potencial del sector público. Siempre se lo denosta con frases como «ñoqui», «no rinde». ¿Cuál es el diagnóstico real que vos hacés?

MCR: Yo creo que el gran problema del sector público en Argentina no es su tamaño, sino su fragmentación. Es un Estado de compartimentos estancos y fragmentación jurídica, administrativa y normativa. Que tengas más de 60 convenios colectivos de trabajo diferentes a nivel nacional, con distintos tipos de ingresos y carreras, es ridículo. Si todo sale por la vía de excepción, es porque el sistema funciona mal.

Esta fragmentación se visualiza en el proceso de toma de decisión y en las bases de datos fragmentadas. El Estado es ineficiente back-office, y esa ineficiencia se la traslada al administrado, quien termina siendo una suerte de “cadete externo” llevando papeles. Esto le hace perder tiempo al ciudadano y genera una pérdida de competitividad muy grande, lo que impacta en el desarrollo sostenible.

SLI: ¿Y qué rol tiene el Estado en ese desarrollo?

MCR: En América Latina, tenemos que tener en cuenta que el 25% del Producto Bruto de los países en promedio tiene que ver con el Estado, de manera directa o indirecta. En los países grandes y federales como Argentina, Brasil y México si contamos el espacio subnacional ese 25% puede subir al 40%. Entonces, podemos inferir que el Estado es un anexo de la competitividad muy grande para los sectores productivos. Entonces yo te pregunto, ¿sería “el campo” lo que es sin la existencia de las universidades nacionales, el INTA, o el CONICET? La respuesta es no. Porque esas tres instituciones explican en gran parte la competitividad del agro por medio de un subsidio indirecto.

SLI: Tal cual. Y en contraposición, ¿qué pasa con esa visión de Estado mínimo, que solo se encarga de seguridad y defensa?

MCR: Esa visión de Estado mínimo es mítica; en el mundo tampoco existe. Ahora, si me decís: «Quiero un Estado mínimo a nivel federal, con ciertas competencias estratégicas, y que Seguridad, Salud y Educación estén a nivel provincial», te lo compro. Tiene lógica, pero debemos rediscutir la coparticipación y darle los fondos a las provincias. Si no se hace, la discusión es de «sábana corta».

Pretendemos servicios de excelencia en un Estado sin recursos para ello. Un ejemplo son los municipios: El gobierno no quiere que se cobren tasas, ahora bien, algunos municipios hoy son “mini provincias” con seguridad (prevención), atención primaria de la salud y todo tipo de servicios. Los ciudadanos les demandan servicios, pero hay cada vez menos transferencias y les limitan las formas de financiamiento. Es una locura: pretendemos los servicios de los países nórdicos y los impuestos de Singapur.

SLI: Hablemos de la politización. Esa mezcla de gobierno, política y Estado, que en el peor de los casos se vuelve un subsidio al empleo. ¿Es un síntoma nuestro o es común en la región?

MCR: Es un problema compartido en América Latina. Sin embargo, gran parte de la región llevó adelante estrategias exitosas de profesionalización. Tomá el ejemplo de Perú: a pesar de su inestabilidad política, con la reforma del servicio civil y la creación del Servir, lograron un cuerpo de funcionarios intermedios concursado, profesional y de excelencia, que queda y permanece sin importar los cambios de gobierno. En Argentina, la fragilidad institucional es enorme. Somos puro gobierno y poco Estado. Si surge un gobierno populista, el Estado se expande irracionalmente; si viene un gobierno libertario: Motosierra. No hay políticas de continuidad, que son fundamentales para que los proyectos de mediano y largo plazo prosperen. Vamos de un extremo a otro pero sin transitar la cordura.

SLI: Esto se nota en la inversión, supongo…

MCR: Totalmente. Por más incentivos excepcionales que le ofrezcas a una gran empresa, si no ven un sistema institucional sólido, un sistema judicial independiente y una administración pública profesional para interactuar, ninguna empresa seria se instala. Las mayores inversiones de Mercado Libre no fueron en países de centroderecha empresarial, sino en el Brasil de Lula y el México de AMLO/Sheinbaum, porque hay condiciones de mercado que se construyen con constancia y seriedad.

SLI: ¿Se ha avanzado con la estabilidad y profesionalización del servicio civil?

MCR: Hubo avances y retrocesos. Este gobierno es el primero que no ha llamado a ningún concurso de alta dirección pública. El modelo a seguir es el cuerpo diplomático, donde hay un número limitado de los cargos de confianza, y el resto son diplomáticos de carrera. Esto implica un avance, no podés mandar al que «te junta los votos” en el barrio a negociar aranceles en Bruselas; estás perjudicando a tu país. Hay que entender que el empleo público es desde un diplomático hasta un médico, una enfermera, un maestro, un policía: son las instituciones de un país. Si no respetás o no profesionalizás, le estás faltando el respeto a tu gente. Además, Argentina es uno de los pocos países del mundo que no tiene un INAP (Instituto Nacional de la Administración Pública) jerarquizado; ya que durante este gobierno se degradó a una simple dirección de capacitación. Nótese que incluso Bukele (El Salvador) y Díaz-Canel (Cuba) tienen organismos especializados de formación y capacitación, o sea no es un tema ideológico, es un tema de Estado.

SLI: ¿Cómo logras que las administraciones públicas de las provincias con menos recursos se pongan a la altura de las que tienen más?

MCR: Gran pregunta. Si el Estado federal no cumple ese rol de árbitro para equilibrar las inequidades, ¿Quién lo va a hacer? El privado no lo va a hacer porque los empleados públicos están tan mal pagos que no pueden pagar una capacitación privada. Somos un país unitario para la recaudación, pero federal para las erogaciones.

Hay experiencias productivas y desarrollistas impresionantes en el interior que no miramos, como el modelo de economía circular de General Cabrera en Córdoba, desde donde la empresa que produce el maní “King” (Prodeman S.A.) exporta a más de 40 países, no sólo generando recursos y empleo de alta calidad. Sino que es también sustentable, ya que posee su propia Central térmica de generación de energía eléctrica a base de la biomasa de cáscara de maní. Esta central produce 10 megavatios por hora con lo que se puede abastecer, aproximadamente a 18.000 hogares todos los días del año. ¿Por qué no tenemos 500 empresas así? ¿O peor aún, porqué ni siquiera nos enteramos?

EL ESTADO Y LOS INCETIVOS PARA EL DESARROLLO

SLI: Eso, háblanos de como el Estado promueve el desarrollo del sector privado. ¿En que manera podría ser catalizador de que haya otras 500 empresas así a lo largo del país?

MCR: Hay que ir trabajando de manera gradual. Es una cuestión de incentivos. Hay una metáfora de Bernardo Kosacoff que busca explicar esta cuestión de incentivos: Cuando los vikingos salieron al mar y se toparon con los poblados del norte de Inglaterra los saquearon sin piedad, sin embargo, cuando fueron bajando hacia el sur, se encontraron con ciudades más fortificadas y con ejércitos profesionales, que les infligían un número importante de bajas. Entonces, ¿cuáles fueron sus incentivos? Se terminaron fusionando, se convirtieron en increíbles comerciantes. No es que eran malos o buenos per se, actuaban en función de incentivos selectivos positivos o negativos. Según Bernardo el empresario argentino funciona así, y es una imagen con la cual yo coincido.

La metáfora es que el empresario local invierte y se esfuerza no tanto en innovar o ganar nuevos mercados, sino en evitar que el Estado lo perjudique o en obtener la excepción. El incentivo perverso es que se premia la astucia para esquivar reglas, no el riesgo productivo. Para cambiar eso, se necesita que el Estado sea predecible y profesional, no que funcione como un campo de batalla legal y burocrático.

SLI: ¿Y por qué el Estado genera incentivos tan negativos, como el trabajo en negro?

MCR: Tenemos que trabajar sobre sistemas de incentivos. El único factor explicativo del trabajo en negro no puede ser que los empresarios son todos unos desalmados. Pagan en negro también porque existe una industria del juicio, porque las cargas y los costos laborales son altísimos. Termina ganando más el que es un empleado que no se arriesga que el que se arriesga y pone su capital. Es ridículo, no entendemos que hay que construir un sistema de incentivos a largo plazo. Las instituciones son las que reparten incentivos, pero esos incentivos tienen que ser estables. Nunca han funcionado los sistemas de incentivos negativos; funcionan más los positivos. Si así fuera, Corea del Norte estaría más desarrollada que Corea del Sur.

SLI: Hablemos de ciencia e innovación. ¿Cuál es el rol del Estado en el sector científico-tecnológico?

MCR: El Estado no es neutral en el proceso de desarrollo. Argentina no invierte lo que debería invertir en ciencia y técnica, y la inversión existente sería más efectiva si estuviera orientada al desarrollo productivo y a la economía del conocimiento.

Si te fijás en el caso de Corea del Sur, el crecimiento de su industria tecnológica no fue espontáneo: durante décadas, el Estado impulsó políticas de largo plazo, financió investigación aplicada, promovió alianzas entre universidades y empresas, y apoyó sectores estratégicos como la electrónica y la ingeniería avanzada. Ese marco permitió que la innovación se transformara en capacidades productivas concretas y en una economía altamente competitiva.

SLI: ¿Qué está pasando con la economía del conocimiento y la fuga de talentos?

MCR: La economía del conocimiento, el software, los servicios. Nosotros formamos excelentes profesionales que no estamos aprovechando lo suficiente. La política argentina ha fracasado. El Monotributo Tech (monotributo tecnológico) con un ridículo tope de US$ 30.000 al año es prueba de esto. El empresario argentino se instala en el “Silicon Valley” uruguayo y los desarrolladores cobran en Paypal o cuentas de Bitcoin. El drama de 2001 era “los pibes que se iban por Ezeiza”.  Ahora se quedan sus cuerpos, pero se van sus mentes y su fiscalidad.

SLI: ¿Hay desinterés del sector público en lo que es modernización y tecnología?

MCR: Hay un problema en la escasez de profesionales. Lo vemos en Vaca Muerta, donde no hay geólogos ni ingenieros en petróleo que alcancen y hay que importar. Hay un problema de orientación educativa y de prospectiva que no logra generar esos profesionales. ¿Cómo se va a orientar el sistema educativo? Con incentivos de investigación, incentivos científicos, incentivos económicos.

NOTA: Noviembre 2025. Visión Desarrollista.

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¿Cómo se accede hoy al empleo público en Argentina?

Cada día, al revisar el Boletín Oficial, aparecen decisiones administrativas que autorizan “nombramientos por la vía de excepción y por 180 días…”. Esa práctica refleja la persistencia de la discrecionalidad frente a concursos abiertos, lo que limita la profesionalización en el Estado.

Entre diciembre de 2023 y julio de 2025 el empleo público nacional se redujo un 10,6 %, lo que implicó la eliminación de 53.345 puestos. Según datos del Sistema Integrado de Recursos Humanos (SIRHU), los mayores recortes se produjeron en empresas estatales (18,5 %) y en la Administración Pública Nacional (15,1 %), con caídas destacadas en personal contratado bajo Locación de Obras y Servicios (52,4 %) y Ley Marco (22,1 %). Estos recortes afectan áreas estratégicas como el CONICET, Fuerzas Armadas, hospitales nacionales, INTI, SENASA y ANSES. A ello se suman ejemplos concretos de pérdida de capacidades: pasaportes anulados por fallas, autos con patentes provisorias que dificultan controles y la paralización de obras públicas que deterioró rutas y aumentó la siniestralidad vial. Menos personal significa menor capacidad operativa y continuidad administrativa, sin que esto se traduzca en mayor eficiencia.

El gobierno de Milei es el único del período democrático que no ha realizado concursos para cubrir puestos directivos técnicos. La novedad no radica en un cambio de reglas, sino en la intensidad: hoy no hay concursos y las vacantes se cubren con designaciones políticas que reducen continuidad y acentúan la rotación. El examen de idoneidad anunciado como alternativa no reemplaza los concursos, ya que su alcance es limitado y desigual. Frente a ello, organismos internacionales como el CLAD y la OCDE -a la que Argentina aspira a ingresar- destacan que sistemas de ingreso basados en competencias, procesos transparentes y mérito son indispensables para separar la conducción política de la gestión administrativa y fortalecer la gobernanza pública.

En el marco de la modernización estatal, la incorporación de tecnologías como la inteligencia artificial redefine los requisitos del empleo público y obliga a impulsar competencias digitales que permitan integrarla en la gestión, especialmente en gobiernos locales. Este proceso podría haberse apoyado en instituciones existentes, pero el gobierno nacional decidió desarticular el INAP, uno de los mejores de América Latina. Es una decisión inédita, ya que casi ningún país carece de un organismo de formación y profesionalización estatal. El modo de ingreso al Estado se vuelve entonces parte de esta discusión: apostar por concursos regulares y criterios de mérito es la forma de garantizar que las administraciones cuenten con perfiles capaces de gestionar innovación, articular con el sector privado y responder a demandas sociales complejas sin perder transparencia ni continuidad.

Como advierte el catedrático español Rafael Jiménez Asensio, “donde hay libre designación (y libre cese), no hay dirección pública profesional. Sin institucionalización sólida no habrá nunca directivos profesionales”. Optar por designaciones discrecionales refuerza la dependencia respecto de cada coyuntura política y debilita la construcción de un Estado inteligente, preparado para sostener la profesionalización e imparcialidad en tiempos de transformación tecnológica y recortes.

Nota para INOFBAE: 14/10/2025

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Como parte de la llamada Cuarta Revolución Industrial, en los últimos años la IA ha adquirido relevancia global en muchísimos
ámbitos de desarrollo. En el sector privado, por ejemplo, varias áreas de aplicación han adoptado esa tecnología para mejorar
la eficiencia operativa de sus procesos, aumentar la productividad empresarial y proyectar su capacidad de análisis de grandes
volúmenes de datos. Tal es el caso de empresas de telecomunicaciones, finanzas, energía y petróleo, y del sector de la salud.
En el campo académico y científico y tecnológico, en tanto, la inteligencia artificial ha permitido avanzar en áreas de robótica, neurociencia, sistemas de radares, desarrollo computacional y para la automatización de tareas administrativas, el acceso a recursos pedagógicos, la elaboración de plataformas educativas,y la detección de riesgos de deserción en los distintos niveles
académicos.
Pero es, sin dudas, el sector público el que encabeza la lista de espacios que atravesaron una mayor renovación e impacto gracias a la irrupción y la transversalización de la inteligencia artificial en sus diferentes áreas. Algunos ejemplos de esa transformación han sido los enormes avances registrados en campos de, por ejemplo, contrataciones públicas, optimización del gasto público, accountability, detección de fraudes y mitigación de riesgos de corrupción, y mejora en la automatización de procesos y tareas repetitivas. También se destacan las políticas de innovación en el sector de previsión climática y adaptación y mitigación del cambio climático, dos ejes fundamentales para proteger a las poblaciones más vulnerables de nuestra región y el mundo. Y en campos relacionados existen muchísimas oportunidades para
avanzar en planes nacionales de política espacial y desarrollo de satélites. El caso argentino es un buen ejemplo de esto, en la
medida en que el país se posicionó históricamente como líder global en materia satelital gracias al trabajo de referentes como
el científico Conrado Varotto, quien estuvo al frente de la Comisión Nacional de Actividades Espaciales (CONAE) e INVAP, dos
instituciones que siguen avanzando en la investigación aplicada de la inteligencia artificial en esos ámbitos de desarrollo.

Como bien señala Maximiliano Campos Ríos en otra publicación reciente de su autoría, Cadenas de valor público y ecosistema digital (2023), el Estado tiene una responsabilidad fundamental en lo que hace al liderazgo y la coordinación de los sistemas nacionales de innovación y transformación digital. Esto incluye, por supuesto, la reducción de brechas que aún hoy prevalecen en por ejemplo el acceso a la conectividad, el desarrollo de infraestructuras digitales, el diseño de políticas de alfabetización y formación en habilidades tecnológicas, y el fomento de alianzas público-privadas para acelerar esa transformación.
En esos y otros sectores, CAF ha establecido una serie de prioridades que incluyen la organización y cocreación de encuentros multilaterales, cumbres, foros y encuentros como el de la Ética de la Inteligencia Artificial en América Latina y el Caribe que ya
desarrollado en Chile y Uruguay, y que pretendemos seguir llevando adelante en toda la región. Además, acompañamos a nuestros países miembros en la puesta en marcha de políticas públicas y proyectos participativos de inteligencia artificial con alcance multisectorial y estratégico, y en el establecimiento de marcos regionales de gobernanza que sean éticos, inclusivos y sostenibles. Tal es el caso de nuestra Guía práctica para el diseño de políticas públicas de Inteligencia Artificial y para el desarrollo de los habilitadores para su implementación en América Latina y el Caribe, un documento que busca colaborar con la capacitación de los responsables de la toma de decisiones, así como la
creación de ecosistemas públicos de calidad, que ayuden a cerrar las brechas tecnológicas que aún hoy existen en esos ámbitos.
“Instrumento extremadamente poderoso” en palabras del Papa Francisco, la inteligencia artificial debe ser una herramienta regulada, sostenible y, sobre todo, que reconozca el corazón humano, la ética y el bien común por encima de cualquier algoritmo. Inteligencia artificial y políticas públicas en América Latina y el Caribe proyecta estos principios al trabajo de los Estados de la
región de manera sistemática, ordenada y comprensible para todos los lectores. Un recorrido necesario y urgente para nuestro
presente y futuro.

Christian Asinelli
Vicepresidente corporativo de Programación Estratégica
CAF -banco de desarrollo de América Latina y el Caribe

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La Inteligencia Artificial (IA) está revolucionando el mundo, y América Latina no es la excepción. Este artículo analiza cómo la IA está transformando las políticas públicas en la región, desde la optimización de servicios hasta la creación de nuevas oportunidades de gobernanza y desarrollo regional. Exploraremos los desafíos y oportunidades que presenta esta transformación digital, así como las estrategias para una implementación ética y efectiva de la IA en el gobierno.

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Jueves 4/9 – 18 h
Salón Histórico, FCE- UBA  (Av. Córdoba 2022, CABA)

Contaremos con la apertura del Dr. Christian Asinelli y un conversatorio con Diego Parras, Marilina Borneo y Camila Velasco.

La Inteligencia Artificial (IA) ya no es una promesa futurista, sino una realidad que está impactando profundamente en todos los aspectos de nuestras vidas, incluyendo la gestión pública. Pero, ¿cómo se está implementando la IA en América Latina y el Caribe? ¿Qué desafíos y oportunidades presenta? ¿Y cómo podemos construir una hoja de ruta regional para aprovechar su potencial de manera ética y efectiva?

Estas son algunas de las preguntas que aborda el nuevo libro Inteligencia Artificial y Políticas Públicas en América Latina y el Caribe: Experiencias y aportes para pensar una hoja de ruta regional, escrito por [Nombre del Autor: Maximiliano Campos Ríos], Director de la Maestría en Administración Pública de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad de Buenos Aires.

¿Qué encontrarás en este libro?

• Un análisis exhaustivo: El libro ofrece una mirada profunda a las aplicaciones de la IA en áreas clave como la salud, la educación, la seguridad, la justicia y el desarrollo económico en la región.
• Experiencias concretas: Presenta casos de estudio y ejemplos reales de cómo diferentes países de América Latina y el Caribe están utilizando la IA para mejorar sus políticas públicas y servicios ciudadanos.
• Una hoja de ruta regional: Propone una serie de recomendaciones y estrategias para construir un marco regulatorio y ético que garantice que la IA se utilice de manera responsable y en beneficio de todos los ciudadanos.

¿Por qué leer este libro?

• Para estar al día: La IA está transformando el mundo a una velocidad vertiginosa. Este libro te ayudará a comprender los últimos avances y tendencias en este campo.
• Para inspirarte: Descubre cómo otros países de la región están utilizando la IA para resolver problemas sociales y económicos.
• Para contribuir al debate: El libro invita a la reflexión y al diálogo sobre el futuro de la IA en América Latina y el Caribe.

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En el Índice Global de Innovación 2024, Argentina ocupa el puesto 76 de 133 países. Este ranking elaborado por la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI) mide la capacidad de los países para generar y sostener innovación en función de infraestructura, capital humano, tecnología y resultados institucionales. La posición refleja esfuerzos aislados, poco sistemáticos y con bajo impacto. Es un buen punto de partida para preguntarse cómo se innova en serio desde el Estado.

En los últimos años, “innovación” se convirtió en una etiqueta frecuente en el discurso público. Pero innovar no es sumar dispositivos ni lanzar vitrinas digitales, sino transformar cómo opera el aparato estatal. Requiere revisar reglas, procesos y relaciones. No basta con digitalizar trámites si su lógica original sigue intacta: la tecnología sin rediseño puede replicar los mismos cuellos de botella, ahora en versión digital. La transformación digital tiene sentido cuando se la entiende como una vía para mejorar servicios, reducir costos de transacción y repensar estructuras administrativas. Eso implica priorizar el rediseño institucional, no solo incorporar herramientas.

La innovación pública no es neutral sino que responde a decisiones sobre qué problemas resolver, con qué recursos y con qué actores. Exige capacidades técnicas, institucionales (más y mejor capacitación) y una cultura que tolere el error, fomente la mejora continua y habilite espacios de colaboración. No hay manuales cerrados: innovar es aprender haciendo, revisando, ajustando y volviendo a hacer.

El cambio institucional es la parte menos vistosa pero más transformadora. Modificar una norma, reorganizar un área, ajustar una interfaz o eliminar cargas innecesarias puede tener más impacto que muchas campañas o lanzamientos. Acompañar a los equipos estatales es parte de la inversión en funcionamiento y no solo en imagen.

Una política pública más cercana a la demanda requiere entender qué obstáculos enfrentan las personas y las empresas, y qué esperan de los servicios estatales. Tecnología bien aplicada puede ser una herramienta de inclusión y eficiencia; mal diseñada, un nuevo filtro de exclusión.

Sostener procesos de innovación también implica evaluar, medir, ajustar. Hacen falta datos confiables, marcos éticos, y decisión política para escalar lo que funciona. No basta con pilotos o prototipos: hay que saber cuándo seguir, cuándo frenar y cuándo invertir más. Gestionar con datos, pero también con intuición pública.

Y, por supuesto, hace falta institucionalidad. Equipos estables, es decir: concursos abiertos y competitivos, reglas claras, y continuidad más allá de los ciclos políticos. Porque innovar de verdad incomoda: obliga a revisar privilegios, mover estructuras y enfrentar resistencias. A veces se invoca la innovación para no cambiar nada. Pero si el objetivo es mejorar ese lugar 76, y sobre todo ofrecer servicios públicos más eficientes y confiables, entonces innovar en serio es el único camino.

Fuente: Revista Mercado – Julio 2025

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En un contexto regional atravesado por la desconfianza institucional, desigualdades persistentes y capacidades estatales frágiles, no se trata de adoptar soluciones mágicas ni de importar modelos foráneos sin adaptación. El desafío es más complejo: pensar cómo puede la IA mejorar la forma en que el Estado escucha, entiende y responde a los problemas públicos.

Su funcionamiento depende de algo más que un algoritmo: detrás hay decisiones sobre cómo estructurar la información, cómo interpretar la demanda ciudadana y cómo conectar esa interacción con respuestas efectivas. Los chatbots funcionan porque hay una estrategia que combina datos, procesos y equipos, no porque sea un experimento simpático de tecnología aplicada.

Para que la IA funcione, el Estado necesita una infraestructura de datos sólida, que implica contar con registros confiables, interoperabilidad entre sistemas, resguardo de la privacidad y criterios claros sobre cómo se usan los datos. Sin estos elementos, cualquier intento de aplicar IA en la gestión pública corre el riesgo de amplificar errores o profundizar desigualdades. La gobernanza digital no es solo una cuestión técnica, sino también ética y política: se trata de garantizar que los beneficios de la tecnología estén distribuidos con equidad, que los algoritmos sean auditables y que las decisiones automatizadas puedan ser revisadas.

La pregunta de fondo no es si los gobiernos deben incorporar IA, sino cómo tienen que hacerlo. Qué problemas buscan resolver, de qué modo la diseñan, qué efectos sociales anticipan, cómo evalúan su impacto y el modo en que garantizan que no se convierta en una caja negra inaccesible para la ciudadanía. Incorporar IA en la administración pública no es un asunto exclusivamente técnico: es una decisión política, que requiere visión estratégica y reglas claras.

La región tiene experiencia en grandes reformas institucionales y en procesos de innovación pública, pero muchas veces falta coordinación, planificación de largo plazo y capacidad de sostener políticas más allá de los cambios de gobierno. Para que la IA funcione en el sector público, hace falta también una apuesta por fortalecer al Estado con formación, con incentivos adecuados, con marcos regulatorios actualizados y con espacios para experimentar y aprender sin penalizaciones inmediatas.

La IA no es una moda ni una panacea, es una herramienta potente, pero incompleta si no se la orienta desde el interés público. Su impacto dependerá de la calidad de las decisiones que se tomen en su implementación y de si se la usa para resolver problemas reales o para simular modernización. América Latina puede aprovechar esta ventana tecnológica para dar un salto en la calidad del Estado, pero eso exige algo más difícil que comprar software: pensar, diseñar, regular y formar. La oportunidad está, pero no viene dada. Hay que construirla.

Fuente: El Auditor.info 18 de Julio 2025

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