Un nuevo horizonte educativo

Publicado en Bastión Digital.

“No me eligieron por mi color de pelo o de ojos, sino porque todos quieren vivir en un mejor país”. Con esa frase Michelle Bachelet deja en claro cuál es el objetivo de segundo gobierno en Chile: comenzar una transformación que permita mejorar algunos puntos críticos del Estado chileno. Entre ellos está una de sus promesas de campaña, que es la reforma de la educación chilena. En los últimos días, y luego de un comienzo de gestión turbulento, Bachelet avanzó en la presentación de un proyecto para modificar la educación en Chile.

La promesa presidencial viene a saldar una deuda del Estado chileno, que en los últimos 40 años estableció un sistema educativo donde priman el lucro y la evaluación para acceder a la educación. El proyecto enviado al Congreso por la Presidente apunta a terminar con el lucro, el sistema de copago y la selectividad por parte de las instituciones.

Estas reformas, en un país que educó a varias generaciones en esta modalidad, representa una conquista de los movimientos estudiantiles que complicaron la gestión de Piñera y pusieron en jaque al Gobierno a fin de lograr una reforma que permita mayor igualdad y acceso al sistema educativo. La historia argentina también tiene conquistas estudiantiles en materia de educación. La “Reforma del ‘18” es sin lugar dudas una de ellas: a partir de allí las universidades adquirieron su autonomía, pudiendo darse sus estatutos, se aseguró el ingreso irrestricto, sin examen de ingreso eliminatorio, y por sobre todo, se aseguró el derecho a la educación para todos los ciudadanos que deseen acceder al sistema público.  Por otro lado, se transparentó el acceso a los cargos docentes vía concursos públicos, evitando la designación discrecional, y se aprobó el cogobierno, incluyendo a estudiantes, profesores y graduados en el gobierno de la universidad

. Chile, lejos de esto, avanza en asegurar por lo menos el carácter público de la educación y eliminar los ingresos, permitiendo a las familias elegir las escuelas, algo que en Argentina sucede desde 1884 con la sanción de la Ley 1.420 de Educación Común. Dicha ley, producto de las necesidades e ideas de la “oligarquía gobernante” en el país, significa un importante punto de partida que asegura la gratuidad, laicidad y obligatoriedad de la educación básica. Esto se mantuvo por lo sucesivos gobiernos hasta el día de hoy. En Chile se apunta a lograr un sistema que se base en estos preceptos.

El nuevo proyecto quiere lograr que las escuelas sean fundaciones sin fines de lucro, contrario a lo que sucede hoy donde más de 3.400 establecimiento educativos, que reciben subsidios estatales. Para esto, el gobierno debe por un lado modificar la Ley General de Educación vigente, que permite  el lucro en la actividad escolar, pero por otro, debe comenzar en un proceso de reconversión de estas sociedades, que incluye a las Universidades, y adquirir los edificios educativos. El reto no es menor. El propio Ministro de Educación de Chile, Nicolás Eyzaguirre, reconoció que buscan cambiar la forma en que se organiza el sistema educativo “desde una educación organizada como si fuera un bien de consumo a una organización que da cuenta de la especificidad que tiene este sector: un derecho social”.

Asimismo, la reforma buscar terminar con el “copago”, un sistema por el cual el financiamiento educativo es  compartido  con los padres, que abonan una suma fija al colegio. Este sistema en principio sería congelado, para ser luego  gradualmente remplazado por un subsidio estatal. Los colegios con “copago” son considerados de mejor calidad en relación con las escuelas municipales y marca una clara diferenciación entre quienes pueden pagar y los que no. Aquí, el tema de calidad juega un rol central para aquellos que pueden abonar ese “copago” y asegurar una educación “de calidad” a sus hijos.

Por otro lado, un tema no menor es el de la selección, donde a través de evaluaciones los colegios aceptan a los estudiantes, un mecanismo que tiene un sesgo discriminatorio porque se basa en la posición socio-económica, étnica y cultural de las familias. El propio Ministro Eyzaguirre reconoció que estos sistemas logran una selección muy estricta de quienes acceden a la educación en esos colegios y aseguran una calidad a partir del rendimiento de los estudiantes. Así, se logran guetos de calidad educativa donde el capital cultural familiar y la formación previa juegan un rol preponderante que evita la equidad y tiende a aumentar las diferencias entre quienes pueden acceder a determinados circuitos educativos y quiénes no.

Por último, el proyecto de reforma incluye una mejora en la educación superior, que apunta a mejorar la calidad, lograr mayor financiamiento y asegurar el ingreso con programas para los sectores de más bajos recursos. Esto implicará mayores costos al Estado, para sostener y apuntalar el sistema educativo superior estatal, brindando la misma calidad que el sistema privado, que se calcula entre un 1,5 y 2% del PBI, algo parecido a lo que ocurre en nuestro país, donde estimaciones estatales colocan el gasto de educación superior cercano al 1,5% del PBI. Bachelet apunta a un nuevo sistema que permita financiar la educación, pero también la investigación y la extensión en el sistema terciario y superior que asegure la calidad y brinde igualdad de posibilidades.

Casi 100 años después de la “Reforma del ‘18” y más de 150 años de la Ley 1.420, Chile avanza a un sistema educativo gratuito y de calidad para todos. Lejos de esto, nuestro país que fue pionero en conquistas educativas por parte de los estudiantes, parece estancarse en la materia y no hay en el horizonte planes que apunten, como en Chile, a buscar mayor calidad del servicio educativo público.