El Juicio a las Juntas, 30 años después

Publicado en Bastión Digital.

Se podía hacer bien, mal o no hacerse. Pero era una promesa de campaña y la mejor forma de comenzar un proceso democrático era cumplirla. A sólo cinco días de iniciado su gobierno, Alfonsín dio comienzo al proceso que juzgaría los crímenes de la dictadura.

Hace 30 años, Raúl Alfonsín dio inicio al proceso que terminaría dos años después con la condena de los principales jefes del “Proceso de Reorganización Nacional”. El tema no era sencillo, la Junta antes de irse había aprobado la “Ley” N° 22.924, mal llamada de “pacificación nacional” que otorgaba la autoamnistía a los generales involucrados en el proceso, pero sobre todo, evitaba que se investigue su accionar. Alfonsín debía entonces cumplir con tres pasos fundamentales para llevar adelante un proceso que se ajuste a derecho pero, sobre todo, que evite ser visto como una revancha y pase a la historia como un proceso justo y digno de un gobierno democrático y republicano. Estos tres pasos fueron: Derogar la Ley de Autoamnistía, decretar el juzgamiento de los generales, y conformar una comisión investigadora autónoma e independiente que sirviera de prueba.

El primer paso, la derogación de la ley, parecía el más sencillo. Alfonsín asumía el gobierno con alto grado de popularidad y sabía que podía convertir esta situación favorable en gobernabilidad, ya que el Congreso, donde tenía mayoría sólo en diputados, no iba a confrontarlo en temas clave no bien iniciado el proceso democrático. Entre las primeras leyes que envió al Congreso,  se encontraba el proyecto de ley que buscaba derogar la Ley 22.924, sancionada en septiembre de ese año por la Junta Militar. Pero la historia de la ley no es tan sencilla.

Al asumir el gobierno, el Proceso de Reorganización Nacional se auto arrogó la potestad de legislar a partir de “decretos leyes”, firmados por la Junta Militar que gobernara el país. De esta forma, en septiembre de 1983, y ante la promesa de campaña de Raúl Alfonsín de enjuiciar a los responsables de las violaciones de los derechos humanos ocurridos durante la dictadura, el régimen saliente sancionó la Ley 22.024 o Ley de Autoamnistía. Como detalle no menor, la Ley de Autoamnistía, era de carácter “general” e incluía a todos los que hayan ayudado o incitado acciones subversivas y anti-subversivas durante el 25 de mayo de 1973 y el 17 de junio de 1982.  Esto incluía a todos los hechos llevados a cabo por parte de Montoneros, los Militares, ERP, pero también la Triple AAA y el gobierno de Cámpora, Perón e Isabel. Estos incluían y hacían parte de esta autoamnistía a varios líderes peronistas que habían sido parte de esos gobiernos o bien habían formado parte de grupos guerrilleros. Esta ley evitaba  sobre todo que se juzgara a los militares que habían llevado a cabo un proceso de siete años donde reinó el terrorismo de Estado.

Desde el peronismo, que quedaba igualado al accionar militar a partir de esa Ley, decían que era “imposible” juzgar a los militares, según el candidato a presidente por ese partido Ítalo Luder. En esta línea, Alsogaray y su Unión de Centro Democrático, celebraron la ley de autoamnistía, mientras que el radicalismo y los grupos ligados a la defensa de los derechos humanos criticaron esa medida.  La solución no era sencilla, y como consigna Roberto Gargarella en una nota del año 2010, dos importantes juristas cercanos al radicalismo pudieron lograr una solución que diera al gobierno la posibilidad de derogar esa ley, pero también habilite el juzgamiento de los militares: Genaro Carrió y Carlos Nino. El primero, entendía que el artículo 20 de la Constitución Nacional prohibía el otorgamiento de facultades extraordinarias al Ejecutivo, y el dictado de leyes por parte del Ejecutivo comandado por Bignone, respondía al hecho de haberse arrogado funciones que no le correspondían al Poder Ejecutivo, sino al poder Legislativo como era la sanción de leyes, por ejemplo la ley de autoamnistía.

Nino fue más allá, y según Gargarella, a partir de una lectura filosófica argumentó que una ley puede estar vigente, pero eso no implica que sea válida. Para Carlos Nino, la validez provenía de que esa ley se origine a partir de una discusión democrática e inclusiva. Por tanto, en democracia no podíamos regirnos por leyes que no fueran democráticas, ya que las mismas no eran dignas en un régimen como la democracia.  Con estos dos argumentos, Alfonsín envió la Ley al congreso, dentro de un paquete de “medidas fundacionales”. Los dos argumentos claves fueron la violación del artículo 29 de la Constitución, como dijo Carrió, y la presunción de la que la Ley de Autoamnistía carecía de validez, como decía Nino.

El 22 de diciembre de 1983 se sancionó la Ley 23.040 que establecía en su artículo primero la derogación de la Ley 22.494 y abría la puerta para el juzgamiento de los responsables de los hechos criminales y la violación sistemática de los derechos humanos durante todo el proceso 1973-1983, tal como sucedió.

El segundo punto fue la elevación a juicio de los responsables, algo que sucedió de forma paralela a la ley 23.040. El decreto 158 del 15 de diciembre de 1983 establecía en su artículo primero que se sometiera a juicio sumario ante el Consejo Supremo de las Fuerzas Armadas a los integrantes de la Junta Militar que usurpó el gobierno de la Nación el 24 de marzo de 1976 y a los integrantes de las dos juntas militares subsiguientes. Esto incluía a Videla, Agosti, Massera, Viola, Graffigna, Galtieri y Anaya entre otros.  El decreto establecía que debían ser juzgados por el Consejo Supremo de las Fuerzas Armadas, pero el artículo 3 permitía la apelación en la justicia ordinaria el fallo del tribunal militar. El 28 de diciembre, el tribunal militar comenzó el proceso, y dictó la prisión preventiva sólo para Videla y Massera. Pero la sanción de la Ley 23.049, en febrero el año siguiente, modificó el proceso ya que permitía en su artículo 10, que las Cámaras Federales controlaran el accionar del Consejo Supremo. Este por su parte, no realizó la investigación como correspondía y para octubre de 1984, sólo había tomado declaración a Massera, luego de dos ampliaciones de plazos para el desarrollo del proceso, lo que llevó a que la Cámara Federal de la Capital Federal se aboque al proceso.

El Juicio a las Juntas había comenzado. El juicio duró más de un año y en él participaron más de 800 testigos, tratándose 280 casos de los 700 que ofrecieron desde la fiscalía. El fiscal era Julio Cesar Strassera, quien pasaría a la historia por la frase con la que cerró la requisitoria y dio título al informe de la CONADEP “Nunca Más”, y lo acompañaba en la tarea Luis Gabriel Moreno Ocampo. El tribunal estaba integrado Carlos Arslanián, Jorge Torlasco, Andrés D’Alessio, Ricardo Gil Lavedra, Jorge Valerga Aráoz y Guillermo Ledesma. Arslanián fue luego Ministro de Justicia durante el gobierno de Carlos Menem, entre 1991 y 1993. Gil Lavedra, de extracción radical, fue diputado por ese partido y  entre 1999 y 2000 fue  Ministro de Justicia y Derechos Humanos del gobierno de la Alianza. D´Alessio fue elegido en 1994 decano de la Facultad de Derecho de la UBA. Los tres restante, renunciaron al cargo de juez tiempo después del Juicio y se dedicaron al ejercicio privado de la profesión.

Por último, la creación de una comisión investigadora compuesta por ciudadanos  fue lo que completó este ciclo. En diciembre de 1983, a sólo cinco días de asumir, Alfonsín firmó el decreto 187 que establecía la creación de Comisión Nacional sobre la Desaparición de Personas, que tenía como objetivo “esclarecer los hechos relacionados con la desaparición de personas ocurridas en el país”, según establece el artículo 1 del decreto de creación. Entre sus funciones se encontraban la de recibir denuncias, investigar el paradero de las personas desaparecidos, determinar la ubicación de los niños desaparecidos y redactar un informe final. La CONADEP estaba compuesta por ciudadanos ilustres, entre lo que se encontraban el Dr. René Favaloro, la periodista Magdalena Ruiz Guiñazu, el intelectual Gregorio Klimovsky, el obispo Jaime F. De Nevares y el escritor Ernesto Sábato. La secretaría de la Comisión quedó a cargo de Graciela Fernández Meijide. La CONADEP trabajó durante todo 1984 y en septiembre entregó el informe que fue conocido como “Nunca Más”, de donde el fiscal Strassera seleccionó 700 casos para llevar adelante la acusación en el Juicio. La CONADEP constituyó un cuerpo autónomo e ilustre que llevó adelante la difícil tarea de aclarar lo sucedido durante la dictadura y fue la pieza clave para poder juzgar a los responsables. El informe fue publicado con el título de “Nunca Más”.

De esta forma, y luego de dos años, en 1985 los responsables fueron sentenciados en un juicio justo, donde se respetaron los derechos y garantías de los acusados y acorde a lo que marca la Constitución Nacional, pero también el código procesal penal de juzgar a los imputados por la ley más benigna. Esto dio como resultado un juicio histórico, pero sobre todo un proceso gubernamental basada en la decisión de un presidente, que desafió los límites y resolvió juzgar a los responsables, civiles y militares, del horror por el que atravesó nuestro país entre 1973 y 1983.  Sin revancha, sin rencor, con la ley y las garantías constitucionales y en el marco de un Estado de Derecho, los responsables fueron juzgados y encarcelados, dándoseles las posibilidad de defenderse, mostrando al grandeza de los hombres de bien de que ellos carecían cuando detentaba en poder. Alfonsín desafió incluso al peronismo, quien no veía el juicio como algo posible y demostró la forma legal y democrática de llevar adelante ese proceso. La democracia logró juzgar y dar una respuesta a lo acontecido en la época más oscura de nuestro país y desterrar para siempre la dictadura de nuestro país.